Con marcado júbilo, los indígenas que participaron en la discusión del documento final realizado ayer en distintas salas del hotel Panamericano y que concluyó a las cinco de esta madrugada, se mostraban sonrientes y aliviados en medio de los 2200 asistentes.

Los mapuche Verónica Huilipán y Jorge Nahuel, el quichua Rodrigo de la Cruz, el kuna Onel Arias y el quichua amazónico Johnson Cerdá defendieron el documento entregado a los organizadores del Congreso el pasado martes.

En uno de sus párrafos centrales el documento emitido aquí pide explícitamente que los Estados -según las particularidades nacionales y regionales- pongan medios para "el pleno ejercicio y la efectiva implementación de los derechos reconocidos en la Declaración de Naciones Unidas "incluyendo los territorios indígenas declarados en áreas protegidas".

El siguiente párrafo señala que las "áreas protegidas declaradas total o parcialmente sobre territorios de Pueblos Indígenas deberán gestionarse respetando los derechos de estos pueblos, asegurando la plena y efectiva participación de sus organizaciones representativas en la toma de decisiones para el manejo y protección" de esos sitios.

El documento reconoce que muchas áreas protegidas son el espacio de vida de "pueblos en aislamiento voluntario", unas 200 culturas repartidas en siete países de la región -Amazonía y Gran Chaco, para los que se pide "considerar los derechos humanos de estas comunidades".

La aparición de los indígenas como un actor en el debate de la conservación, hasta ahora en manos de "corporaciones y los Estados, obligará que la ciudadanía asista a un fenómeno equivalente a la restauración de derechos sustraídos", destacó Juan Luis Peri, secretario General de la Asociación Argentina de Periodistas Ambientales.

Observador de la temática del medio ambiente en la Argentina y el mundo, el periodista remarcó además que a partir de este congreso, los PPII tienen "cómo comenzar la discusión para que gobiernos y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) acepten sus derechos".

Sin dudas, el responsable de la Administración de Parques Nacionales (APN), Héctor Espina, que presentó esta semana la resolución que avanza en la constitución de un Consejo Consultivo de indígenas, se convirtió en un aliado estratégico, a la hora de las relaciones de los indígenas locales con el Estado o quienes lo gestionan.

La Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, a cargo de Romina Piccolotti, creó a poco de iniciada la gestión, la Dirección Nacional de Pueblos Originarios y Medio Ambiente.

La funcionaria, presente en la clausura del Congreso, subrayó en un tramo de su discurso que "trabajar con todas las culturas es política pública" del actual gobierno y ponderó la gestión de Espina, co-organizador del Congreso internacional.

"La gestión de Héctor me enorgullece profundamente por la creación de más áreas protegidas entre las que está el primer parque marítimo costero, la cogestión con los pueblos indígenas", dijo al hablar ante un colmado Salón de las Américas del Panamericano.

La ’Declaración de Bariloche’ reafirma que la región "tiene carácter de acreedora ambiental de los países desarrollados".

También, que la exploración y explotación minera y de hidrocarburos en áreas, así como la reducción de la superficie de áreas protegidas declaradas para fines extractivos, es contraria a los objetivos de conservación de la biodiversidad.

No podían faltar las definiciones en cuanto a los impactos asociados al cambio climático, la fragmentación de ecosistemas y la propagación de las especies invasoras.

También fueron abordados los retos de la conservación y desarrollo vinculados a la reducción de la pobreza, el crecimiento demográfico y la urbanización, el desarrollo económico e industrial, en algunos casos descontrolados y la contaminación asociada con sus procesos de producción.

Fuente: Télam