Alvarez concurrió a declarar por el traslado clandestino de opositores políticos desde Argentina a Uruguay y su posterior asesinato en masa durante la dictadura (1973-1985), informó la agencia italiana ANSA.

El recurso de inconstitucionalidad contra la ley de 2006 que creó el delito de desaparición forzada, presentado por el abogado Carlos Curbelo Tammaro, tiene efecto suspensivo sobre el proceso hasta el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia, por lo que el magistrado dispuso que Alvarez continúe en libertad.

El ex dictador, de 82 años, se retiró del juzgado en medio de insultos y huevazos de cerca de dos decenas de militantes de organizaciones de derechos humanos, que esperaban que el ex dictador fuera a prisión en esta misma jornada.

Esta fue la cuarta vez que Alvarez concurrió ante la Justicia para declarar en el marco de la causa de los denominados "vuelos de la muerte".

El pasado 5 de noviembre Alvarez declaró ante Charles desconocer la existencia de traslados o de coordinación entre militares uruguayos y argentinos.

Ante ese testimonio, la fiscal Mirtha Guianze, quien pidió el procesamiento de Alvarez por el delito de desaparición forzada, expresó en su dictamen que se advierte "el propósito de los autores de los ilícitos, de ocultar las pruebas sobre la desaparición".

El delito que la Fiscalía pidió para Alvarez por los traslados clandestinos de prisioneros uruguayos por aire, mar y tierra, en 1977 y 1978, cuando aquel se desempeñaba como comandante en jefe del Ejército, es considerado más grave que el homicidio por los elementos que lo componen.

Guianze dijo al momento de solicitar el procesamiento que la coordinación represiva que existió entre Argentina y Uruguay en el marco del Plan Cóndor no podría haber existido sin el conocimiento de los mandos.

La fiscal dijo tras la suspensión del proceso, que la Suprema Corte de Justicia no tiene un plazo para expedirse sobre el recurso, aunque recordó que en un caso similar se pronunció en una semana.