El juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid procesó a Santiago Lynch y a Miguel Guido Spano, dos empresarios de la cámara de tickets alimentarios, por el delito de cohecho.

Los empresarios están acusados de haber ofrecido un soborno de hasta 20 millones de dólares al diputado Héctor Recalde a cambio de que lograra la sanción de una ley favorable para el sector.

Santiago Lynch era director de la Cámara de Empresas de Servicios de Vales Alimentarios (Cevas), y a Miguel Guido Spano, era un intermediario del sector, informa el diario La Nación en su edición de este miércoles.

El delito tiene una pena de entre uno y seis años de cárcel, pero al menos hasta el juicio oral los imputados no irán a prisión. Eso sí, el juez ordenó trabar un embargo de 100.000 pesos sobre los bienes de cada uno de ellos.

El fallo es del 3 de enero, pero se conoció el martes.

Pero Aráoz de Lamadrid no se quedó ahí y en una resolución del 4 de enero ordenó informar que está investigando como acusados a los presidentes de las dos más grandes empresas de vales alimentarios, Sodexho Pass y de Accor Argentina Sociedad Anónima, al igual que al director general de esta última, Alejandro Engel.

El caso se conoció el 20 de noviembre, a partir de una denuncia pública del diputado Héctor Recalde, presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara baja y autor de un proyecto para la incorporación progresiva de los tickets al sueldo. Menos de diez días después, el Congreso convirtió la iniciativa en ley.

La principal prueba de los procesamientos son las grabaciones, obtenidas con cámaras ocultas, de dos reuniones mantenidas entre Guido Spano, Lynch y Mariano Recalde, hijo del diputado, al que los acusados contactaron como intermediario. Las cintas las aportó a la Justicia el propio Recalde.

"Entiendo que el audio y las imágenes captadas representan un fiel reflejo de lo acontecido, gracias a lo cual, los hechos denunciados pueden verse bajo una óptica objetiva, natural y espontánea", argumentó el magistrado.

En los videos, y según la óptica del magistrado, quedó claro que la oferta de coimas que formularon los empresarios tenía tres variantes, según lo que lograra Recalde en el Congreso. Si cajoneaba el proyecto, que contaba con dictamen favorable de comisión, le darían una suma mensual de 20.000 dólares. A esa opción, los acusados la llamaron "bicicleta".

Si era capaz de modificar el proyecto de ley, manteniendo el carácter no remunerativo de los tickets y volviéndolos inembargables, la mensualidad sería superior. A esa posibilidad, la bautizaron como "pickup". A la tercera opción la llamaron "Mercedez-Benz" y consistía en lograr la sanción de una ley para que todos los trabajadores, que cobren menos de 1500 pesos fueran incorporados al sistema y percibieran parte de su sueldo con los tickets que maneja el sector. Eso habría triplicado los ingresos de los empresarios. El soborno en ese caso sería de 20 millones de dólares, se indicaba.

El magistrado también analizó unas 70 llamadas telefónicas, entre marzo y noviembre del año pasado, mantenidas entre los acusados y Mariano Recalde, que conocía a Guido Spano por su actividad como abogado.

Aráoz de Lamadrid destacó que, en varias oportunidades, luego de llamar y comunicarse con Recalde, Guido Spano se contactaba con Lynch. Y resaltó, además, que varias de las llamadas hechas por el primero de los acusados eran precedidas por comunicaciones entre él y el directivo de Cevas.

"Por otra parte -dice el fallo-, cabe mencionar que la mayoría de los llamados [14] son efectuados desde el teléfono de Guido Spano al de Mariano Recalde y sólo unos cuatro en el sentido inverso".