La consulta determinará si el máximo de tierras será de cinco mil o diez mil hectáreas por propietario, y tras adicionar el resultado al texto, este será sometido a referéndum constitucional.

El opositor Poder Democrático y Social (Podemos) adelantó que en varios departamentos no se acatará la decisión y no se celebrarán los referendos, lo que preanuncia un nuevo enfrentamiento con el gobierno nacional.

Según el presidente del Congreso, Alvaro García Linera, los referendos se realizarán simultáneamente el próximo 4 de mayo, fecha inicialmente prevista para el escrutinio de un estatuto autonómico departamental cuya convocatoria invalidó el Parlamento, puntualizó la agencia de noticias cubana Prensa Latina.

Los legisladores reunidos ayer determinaron que sólo el Poder Legislativo puede convocar un referendo departamental, lo cual anula la citación hecha por Rubén Costas, prefecto de Santa Cruz y férreo opositor a Morales.

La votación transcurrió anoche en el hemiciclo parlamentario entre gritos cruzados de apoyo al proyecto constitucional y al estatuto autonómico, reseñó la estatal Agencia Boliviana de Información (ABI).

Fuera del Congreso Nacional, los movimientos sociales celebraron la noticia con vítores y gritos de "Bolivia, Bolivia!", pues desde inicios de semana permanecían en vigilia en reclamo de esta medida.

En la sesión participaron 83 diputados y 17 senadores, la mayoría del gobernante Movimientos Al Socialismo (MAS), impulsor de la nueva y refundadora Carta Magna.

La alianza opositora Podemos participó en la votación, aunque varios de sus miembros no ingresaron al Congreso.

Tras conocerse la resolución, el presidente del Senado Nacional, Oscar Ortiz, (Podemos), anticipó que en seis departamentos no se cumplirán esos dos referéndum.

"Este es un golpe bajo a la democracia. Todo esto nos llevará a un ambiente de tensión, ojalá que se pueda controlar. Queríamos una concertación. Tenemos que ser firmes para defender la democracia y rechazar el texto constitucional que quiere imponer el MAS", dijo Ortiz.

Parlamentarios que asistieron a la sesión estimaron que esta medida "salvaguardó la unidad nacional, amenazada por proyectos autonómicos regionales".