"El gobierno argentino reitera, una vez más, que migrar no es un delito. Por lo tanto, rechaza el uso de conceptos tales como migración 'legal' e 'ilegal'", afirmó la Cancillería, en un comunicado.

Así, la Argentina marcó su discrepancia con los términos de la "Directiva de Retorno" recientemente aprobada por el Parlamento de la Unión Europea y reafirmó "que la cuestión migratoria sólo podrá ser resuelta de manera eficaz si es abordada desde el punto de vista del respeto integral de los derechos humanos y el fomento del desarrollo económico y humano".

"La Cancillería reafirma que establecer restricciones, incluidos largos períodos de detención administrativa e impedir la libre circulación de personas por motivos de origen étnico, religión, ideología, género, edad o calificación constituye una violación de los derechos humanos fundamentales", afirmó el texto.

Asimismo, Argentina destacó que "todos debemos reconocer la reciprocidad y corresponsabilidad históricas del fenómeno migratorio integralmente considerado, para beneficio y enriquecimiento mutuo, sólido y duradero, tanto material como cultural".

Por eso, el gobierno nacional reconoció "a través de la Ley de Migraciones, la plena igualdad de derechos civiles para extranjeros y nacionales establecida por la Constitución Nacional, en particular, lo referido a acceso a bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social. Asimismo, establece procedimientos de admisión rápidos, sencillos y no discriminatorios".