Dicha resolución -la 1/2010 de la Secretaría de Comercio Interior- ordenaba a Papel Prensa ofertar su insumo básico a todos los demandantes del mercado a precio igualitario, y había sido apelada por los accionistas privados (Clarín y La Nación).

Los integrantes de la sala II de la Cámara en lo Contencioso Adminsitrativo Federal consideraron que la invocación de "gravedad institucional" proclamada por los demandantes "no fue objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable la concurrencia de esa circunstancia".