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"No estoy en contra de que el Estado pueda intervenir en el mercado de capitales o que las empresas puedan tomar préstamos estatales y decidir con reglas previas hasta dónde una inversión institucional puede conceder o no derechos políticos. Ahí no hay una cosa sacrosanta, pero donde la hay es en dónde se debe dar la discusión, que es en el Congreso", argumentó.

Ricardo Gil Lavedra señaló que el decreto 441/11 del Ejecutivo supone la "ausencia de respeto a un principio democrático básico, que es que las decisiones las tiene que tomar los representantes del pueblo".

"El hecho de haber dictado por enésima vez un decreto para establecer esta disposición estando el Congreso en sesiones ordinarias, es una violencia muy clara a la Constitución y a la posibilidad de que el Congreso pueda revisar" esa norma, agregó.

Además, consideró que "el control político" de los actos del Ejecutivo "de parte del Congreso está clausurado", y ello está "más allá de la cuestión de si se debe estar o no en el mercado de capitales con la plata de los jubilados, si es lícito o no que el Estado acepte a Techint que le devuelva el dinero".

"Lo primero es que estas decisiones las debe tomar el Congreso, donde se reúne la pluralidad de la representación política de toda la comunidad. La Presidenta no puede arrogarse esas facultades porque no las tiene, no tiene competencia para decidir esto", completó.