Viernes, 16 de septiembre de 2011 | Hoy
El fiscal electoral, Jorge Di Lello, quien interviene en la causa contra Schoklender por el presunto desvío de fondos públicos en la construcción de viviendas, luego de analizar la documentación enviada por Oyarbide y aportada por el principal sospechado en la causa, Sergio Schoklender, habría comprobado que los remitos "hacen referencia a la impresión de afiches pero tienen fecha de diciembre, enero y febrero pasado, por lo que eso no constituiría ningún delito electoral, ya que la ley fija el inicio de una campaña 60 días antes de una elección".
Así lo informaron a DyN fuentes judiciales, tras el análisis de la documentación que presentó el ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, quien denunció que en la imprenta de la organización se imprimieron afiches para las campañas de los candidatos a jefe de Gobierno porteño, Amado boudou y Abel Fatala, y que fueron costeados con fondos públicos.
En la Ciudad de Buenos Aires las elecciones se realizaron el 10 de julio (la primera vuelta), y dos semanas después el ballottage, por lo que la impresión de afiches no se realizó dentro de los 60 días previos a los comicios, tal como lo establece la ley electoral. De esta manera, las fuentes dejaron trascender que todo indicaría que la denuncia podría ser archivada por inexistencia de delito.
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