El proyecto anunciado ayer, uno de los seis que apuntan a reformar el Poder Judicial, establece un plazo máximo de seis meses para la vigencia de las cautelares, al tiempo que impide que se dicten esos recursos contra el Estado cuando lo que se protege son bienes patrimoniales.

“Las cautelares suelen ser usadas para cajonear la Justicia y suspender por largos períodos que las leyes puedan aplicarse. Y lo más grave de eso es cuando con ellas se protege a grupos con enorme poder económico y capacidad de lobby”, señaló Sabbatella.

El funcionario recordó que de aprobarse la reforma, "el grupo Clarín no podría eludir el cumplimiento de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como lo está haciendo desde hace 3 años y medio". Añadió que cuando la Corte Suprema de Justicia exigió que se falle con celeridad respecto de la constitucionalidad de la ley de medios, le dijo además que esta norma no afecta la libertad de expresión y que las consecuencias de su aplicación son, a lo sumo, patrimoniales”.