Según el jefe de gabinete Marcos Peña Braun la devolución del IVA o los cambios en las jubilaciones “son beneficios nuevos que requieren que el Estado pueda llegar a las personas para explicarles ese mensaje”. El gobierno presenta la devolución de hasta 300 pesos mensuales en las compras de alimentos o productos básicos como una poderosa política social a favor de quienes perciben la jubilación mínima, pensiones no contributivas que no superen el haber mínimo, Asignación Universal por Hijo (AUH), por embarazo o sepelio. El ministro Alfonso de Prat-Gay estimó esa transferencia en 25.000 millones de pesos anuales. Pero lo que ni Peña Braun ni De Prat-Gay dijeron ni dirán, ni en avisos convencionales ni en comunicación por las redes sociales, es que dada la afectación específica del IVA al sistema previsional, la merma en la recaudación impactará negativamente sobre la ley de movilidad. Lo que reciban como devolución del IVA un máximo de 8,6 millones de beneficiarios no lo pagará el Estado sino los 14 millones de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones y planes universales, cuyos ingresos disminuirán. Dentro de la latitud con que Peña Braun definió el objetivo (“contar con herramientas que permitan instrumentar las políticas de comunicación pública”) no puede descartarse ni siquiera la utilización comercial de los datos de la seguridad social. Nada impediría que para “hacer mas eficiente” el programa de venta en 12 cuotas de los celulares que arma el amigo del alma Nicky Caputo, la jefatura de gabinete permitiera el acceso a las bases a las empresas para que hagan marketing directo. La próxima semana un amplio arco de fuerzas opositoras se propone frustrar el negocio con una ley que mostraría la verdadera representatividad de la Alianza Cambiemos en el Congreso de la Nación.