La rueda comenzó a girar. Esta semana se volvió a poner en marcha el proceso de reforma de la Ley de Educación Superior, paralizado el año pasado antes de las elecciones. Una delegación de rectores, en representación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), se reunió con los legisladores que integran la subcomisión de educación que la Cámara de Diputados creó para tratar el futuro marco normativo del sector. Por su parte, el Ministerio de Educación –que ya tiene listo un proyecto que elevará a la Presidenta– está definiendo “los canales de consulta” que va a abrir para debatir la propuesta, según adelantaron funcionarios de la cartera.

La ronda de consultas en la Cámara baja se inauguró el miércoles. La comitiva del CIN, integrada por siete rectores de universidades nacionales, presentó ante los diputados los lineamientos acordados por el cuerpo. María Victoria Gómez de Erice, rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, estuvo en el encuentro y dijo a Página/12: “Por fin tuvimos una reunión con los legisladores en la que no tuvimos que hablar del problema presupuestario. Les entregamos el informe de Vaquerías que elaboramos el año pasado y les explicamos que es una base, ya que todavía estamos buscando consensos” para seguir avanzando sobre el tema. El documento incluye una serie de principios generales, como la definición de la educación superior como un bien público, el respeto a la autonomía universitaria, la garantía de la gratuidad del grado, entre otros.

Además –según explicó Gómez de Erice–, el CIN le planteó a la comisión que había que tener en cuenta la articulación entre el sistema universitario y los demás niveles de la educación. “Tenemos la firme intención de organizar un foro de la universidad sobre matemática y comprensión de lectura, que es donde los alumnos que llegan al nivel superior presentan mayor cantidad de problemas. La idea es, a partir de allí, detectar errores y elaborar propuestas para mejorar el sistema.”

También señalaron la necesidad de elaborar estrategias para revertir la tasa de deserción de estudiantes universitarios, “territorializar las universidades para acercarlas a las regiones que las rodean”, la necesidad de contar con una mayor cantidad de becas para alumnos con bajos recursos, la vinculación con el mundo de la ciencia y la tecnología, el conjunto de la comunidad y el desarrollo nacional.

La diputada Adriana Puiggrós, que preside la comisión, ya había anticipado que la ronda de consultas buscará ser “lo más amplia posible, para establecer una relación fluida” con los actores universitarios, aunque no se centrará solamente en la comunidad académica. Al salir de la reunión afirmó que el espacio estaba abierto “para consultar a la sociedad en general qué es lo que espera, qué es lo que le demanda a la educación superior”. Después de esta primera reunión, rectores y legisladores ya se comprometieron a encontrarse dentro de dos meses y comenzar a elaborar “una agenda común”. Antes, en las próximas semanas, los diputados recibirán por separado a los ministros de Educación, Juan Carlos Tedesco, y de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao.

Otro carril de consultas se realizará desde el Poder Ejecutivo. La Secretaría de Políticas Universitarias ya elaboró los principios de su propio proyecto de ley y buscará definir, de acá a mitad de año, los detalles y el articulado de la norma. En ese contexto, el ministro Tedesco visitó el martes pasado el Senado, donde se abordó el tema, entre otros puntos. El próximo paso de la cartera será abrir diversas instancias de diálogo con los distintos sectores de la comunidad universitaria y de la sociedad, a la manera de lo realizado antes de la sanción de la Ley Nacional de Educación. Todavía se está definiendo la modalidad de los encuentros.