El nuevo integrante del rebautizado Comité Científico asesor en materia de Control de Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Criminalidad Compleja es un viejo amigo de los otros miembros. “Con varios trabajé hace años, algunos son colegas con los que compartí charlas, mesas redondas y algunas publicaciones”, dice el juez Martín Vázquez Acuña. “Muchos venimos de distintos espacios –continúa–, pero tenemos la misma finalidad: tratar de reducir de una vez el impacto punitivo sobre los usuarios de drogas.”

Este magistrado del Tribunal Oral Nº 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires viene trabajando con ONG y programas de las Naciones Unidas como Onusida o la Undoc. Fue invitado hace dos años por el Parlamento de Indonesia para exponer sobre la gravedad de sancionar penalmente a los usuarios de drogas y en la Argentina fue pionero en reducción de daños. Ahora recorre las cárceles coordinando grupos de presos, donde se habla de prevención de adicciones y HIV. Allí, muchos consultan por sus problemas de alcoholismo y drogadicción. “Pero lo que más me sorprendió –cuenta– es que muchos presos piden cirujanos plásticos para que les borren los tatuajes y poder buscar trabajo; también piden un botiquín de autocuidado para los facazos que reciben.” Su orgullo, comenta, es el trabajo de campo.

–¿Qué reacciones generaron las campañas de reducción de daños?

–Hemos hecho varias campañas en Córdoba, Rosario y Buenos Aires. Con ARDA (Asociación de Reducción de Daños de la Argentina) organizamos el Plan Provincial de reducción en Mendoza y un fiscal nos denunció por instigación al consumo, aunque el juzgado desestimó la denuncia. También nos acusaron de enseñar formas de consumo.

–¿Por el instructivo que mostraba cómo ponerle un filtro al porro?

–Sí. Yo lo denomino el “caso de la guía de marihuana”, publiqué un libro donde comento el caso. Varias veces, cuando hacemos intervenciones para hablar de los riesgos asociados al consumo, pasan estas cosas.

–Los que apoyan la prohibición invocan una postura moral, pero en esferas de poder se sabe que la prohibición tiene un origen claramente económico.

–Todo lo prohibido aumenta, pero estamos muy lejos de legalizar las drogas. De todas formas, la doctora Patricia Llerena (integrante del comité) es la especialista en este tema, no yo. Ella investiga el lavado de dinero. Puedo decir que lo inmoral es apoyar la prohibición, es una necedad.

–Sin embargo, Estados Unidos logró que en Viena no se analicen los objetivos de la anterior convención de luchar por “un mundo sin drogas”.

–Sí, para las ONG de reducción de daños fue muy decepcionante. Se aceptan opiniones, pero no hay espacios para debatir y hacer cambios. Pero estas convenciones son compromisos que deben convivir con los pactos sobre derechos humanos, que fueron incluidos en la Constitución Nacional.

–¿Cuál es la diferencia entre la tolerancia y la despenalización de la tenencia para consumo?

–Hay países como Alemania o Inglaterra donde rige el principio de oportunidad. Es decir, que la policía y sobre todo los fiscales tienen la capacidad de promover una acción legal o no. Esa es la postura de la tolerancia. Después hay países que despenalizaron la tenencia para uso personal como Brasil, España o Uruguay. En Italia, por ejemplo, se despenalizó y hay sanciones administrativas, como las que recibe un conductor que tomó alcohol: le retienen la licencia o el pasaporte. En otros lugares como Estados Unidos o la Argentina hay una prohibición absoluta.

–¿Después de la orden de Aníbal Fernández de no perseguir perejiles estaríamos en un situación de tolerancia?

–Sí, pero es complejo. La policía, como está prohibido por ley, todavía puede detener a alguien y hacerlo pasar uno o dos días en una comisaría, en el interior es serio.