El juez que investiga la masacre de Trelew quiere avanzar en las responsabilidades que tuvieron los militares de mayor jerarquía, subiendo en la cadena de mandos. Pero encontró un límite imposible de superar: la mayoría están fallecidos, con el dictador Alejandro Agustín Lanusse a la cabeza. Entre los que quedan vivos se encuentran el ex secretario de Planificación Ezequiel Martínez y su ministro de Defensa Eduardo Aguirre Obarrio, a quienes el juez Hugo Sastre ordenó detener ayer. Ambos residen en Buenos Aires y correrían la misma suerte que los demás imputados en la causa: arresto, indagatoria y procesamiento por el asesinato de 16 detenidos y el intento de homicidio de tres de ellos, aunque en calidad de autores intelectuales o partícipes necesarios de esos hechos.

En el procesamiento que firmó el lunes pasado, Sastre dejó en claro que la decisión de asesinar a los 19 presos políticos que habían intentado fugarse de la cárcel de Rawson en agosto de 1972 como política de escarmiento fue tomada por las más altas autoridades de la dictadura de Lanusse. Por eso no sorprendió que haya resuelto seguir hacia arriba en la escala jerárquica de aquel gobierno de facto. En tal sentido, tanto el juez como el fiscal Fernando Gelves accedieron al pedido que les hizo el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, quien el mismo día que se conocieron los procesamientos viajó a Chubut y presentó un escrito con el que solicitó las capturas de Martínez y de Aguirre Obarrio. Por eso ayer el funcionario expresó su satisfacción por la iniciativa de Sastre.

Ezequiel Martínez dirigió Líneas Aéreas del Estado (LADE) en 1968, cuando era además comandante de Operaciones Aéreas. Fue jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, entre marzo y octubre de 1971, y luego ejerció como secretario de Planificación de la Junta Militar de Lanusse. En las elecciones del 11 de marzo de 1973, el grueso de las fuerzas conservadoras se alinearon detrás de Martínez, como candidato continuista a “Presidente Joven” por la Alianza Republicana Federal, pero fue derrotado por la fórmula Cámpora-Solano Lima. Desde las páginas de la revista Extra, el periodista Bernardo Neustadt elogió “el talento natural” del brigadier. Fue en un artículo de abril de 1971 en el que también se llevaban rosas Lanusse y otros militares, porque “hicieron posible que no termináramos de chamuscar al país entero”.

Hace dos años, el abogado Eduardo Aguirre Obarrio recibió el diploma al Mérito en Derecho Administrativo, Tributario y Penal que otorga la Fundación Konex. En ese momento era miembro de la Academia Nacional de Derecho y profesor titular consulto de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Católica, además de jurado para concursos del Consejo de la Magistratura y asesor en concursos del Ministerio Público. Recientemente integró el equipo de redacción del Manual de Asistencia a las Víctimas de Delitos, desarrollado por el Colegio Público de Abogados y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Durante el gobierno de Lanusse fue ministro de Defensa. En 1984 ejerció la defensa del almirante Jorge Isaac Anaya en el Juicio a las Juntas y en 2002 formó parte de la defensa, junto a Gregorio Badeni, de los ex ministros de la Corte Suprema menemista Eduardo Moliné O’Connor y Julio Nazareno en el Jury que los destituyó.

El lunes 21 de agosto de 1972, a las 11.10 de la mañana, los comandantes de las Fuerzas Armadas se reunieron en la Casa Rosada. Asistieron a Lanusse el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Carlos Rey, y de la Armada Guido Natal Coda, así como también el brigadier Martínez, el secretario general de la Presidencia Rafael Panullo y el ministro del Interior Arturo Mor Roig. Al rato se incorporaron el entonces jefe del Estado Mayor General del Ejército José Rafael Herrera, y el jefe del Estado Mayor Conjunto Hermes Quijada. En otro salón el canciller Eduardo McLoughlin conferenció con funcionarios chilenos y así fue que se enteraron de que el gobierno socialista había facilitado el viaje de los presos que habían logrado huir de Rawson hacia La Habana. De lo que se habló por esas horas tendrá que responder Martínez cuando Sastre lo interrogue en indagatoria.

Sastre procesó el lunes a cinco marinos retirados por la masacre de Trelew, y desde que se reactivó la causa encuadró los hechos como delitos de lesa humanidad. Los oficiales Luis Sosa, Emilio Del Real, Rubén Paccagnini y el suboficial Carlos Marandino, fueron señalados como “probables autores materiales, penalmente responsables del delito de privación ilegítima de la libertad y homicidio premeditado”, mientras que el contraalmirante Horacio Mayorga será juzgado como “cómplice necesario”. El único prófugo es por el momento Roberto Guillermo, quien, como reveló Página/12, vive en Miami y es responsable de una empresa que tuvo contratos millonarios con el gobierno de Estados Unidos.