Desde México, D. F.

La posibilidad de saber a ciencia cierta quién ganó las elecciones presidenciales de 2006 en México quedó definitivamente cancelada, luego de que una dividida Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negara un amparo a la revista Proceso que había solicitado acceso a las boletas electorales para volver a contar los votos y salir de dudas, ante los reiterados reclamos de fraude electoral sostenidos por el candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador. Cualquier evidencia de ello, si es que la había, será próximamente destruida.

Felipe Calderón fue ungido presidente luego de unas controvertibles elecciones plagadas de irregularidades, las cuales, pese a ser reconocidas por las autoridades, fueron desestimadas y le permitieron asumir el cargo con una ventaja de apenas 0,58 por ciento, equivalente a sólo 243 mil 934 votos, de un total de 41 millones 791 mil 322 sufragios emitidos el 2 de julio de 2006. Cinco meses después, Calderón tomó posesión por la puerta de atrás del Congreso. Desde entonces, gobierna sin legitimidad y en medio de frecuentes denostaciones ciudadanas.

Críticos y hasta seguidores de Calderón le recomendaron entonces aceptar el recuento de votos que exigía la izquierda, la cual había ofrecido reconocerlo como presidente si un nuevo cómputo ratificaba su pírrica ventaja. La negativa de la derecha propició una movilización de varios millones de personas que paralizaron la capital del país durante meses y López Obrador ahora recorre el país llamándose a sí mismo “presidente legítimo”.

A más de 18 meses de aquel conflicto postelectoral, la Corte Suprema de Justicia negó el amparo interpuesto por el semanario político Proceso, una de las publicaciones de mayor prestigio en este país, petición a la que se habían sumado las principales universidades públicas y decenas de intelectuales. La decisión final fue más que apretada y el No ganó apenas por un voto, luego de que el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, rompiera un empate a cinco votos en que se habían dividido los ministros.

La discusión jurídica no tuvo cuartel y el debate se prolongó varias horas. Cinco ministros se pronunciaron en favor de Proceso por considerar que el fondo del asunto era un acto de acceso a la información pública gubernamental, garantizada en la Constitución, que no alteraba el resultado de las elecciones por ser cosa juzgada. Proceso llevaba más de un año litigando en diversas instancias el acceso a las boletas electorales, recibiendo negativa tras negativa.

En contrapartida, cinco ministros votaron por destruir cualquier rastro de lo que ocurrió el 6 de julio de 2006, alegando que se trataba de un acto electoral. Disposiciones legales facultan al Instituto Federal Electoral a destruir las boletas que registran los votos de los ciudadanos mexicanos, una vez concluido el proceso electoral.

Ante la impasse, y sin pronunciar argumento alguno, el titular del Poder Judicial de la federación se sumó a la negativa al amparo con el que Proceso buscaba tener acceso a las boletas de la elección presidencial de 2006.

La decisión de la SCJN afecta no sólo a Proceso, como actor de la demanda desechada, sino a todo el país, pues sienta el precedente jurídico de que los actos de la autoridad electoral prevalecen sobre algunas garantías individuales, como el del acceso a la información pública.

Además, socava a la administración de Calderón –considerada espuria por muchos–, pues deja en el aire la duda eterna sobre su legitimidad para fungir como presidente de la República. La sospecha ha quedado inscrita en la historia.