El ministro de Economía, Martín Lousteau, volvió a defender ayer la suba de las retenciones a la exportación de soja y girasol y el criterio de movilidad que vincula su porcentaje con la evolución de la cotización internacional de los cereales. “Lo que se está acotando es la movilidad hacia arriba o hacia abajo, con lo que se le da mayor certidumbre a la cadena y al precio de los alimentos”, sostuvo el funcionario en varias radios porteñas a las que concedió entrevistas. También cuestionó el lo-ckout impulsado por los productores. “Es una exageración. Al campo le va bien porque ha invertido en tecnología, pero también por una coyuntura internacional ajena que hace que el negocio sea hiperrentable”, agregó. El ministro tuvo que responder además sobre las versiones de renuncia y sus peleas con el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno (ver aparte).

La intención del Gobierno es cuestionar los argumentos de los dirigentes rurales que afirman que la rentabilidad del campo está en riesgo debido a una supuesta voracidad fiscal. Por eso ayer se volvió a poner énfasis en la evolución reciente de los precios. En los últimos seis meses el girasol subió 91 por ciento, la soja 68, el maíz 39 y el trigo 38 por ciento y lo que dispone la medida oficial es retrotraer el valor neto que recibían los productores por las exportaciones al valor de diciembre de 2007, cuando ya regían precios y ganancias extraordinarias para algunos cultivos. En lo que refiere a la “voracidad” fiscal, el ministro remarcó que si ese hubiese sido el objetivo “no se hubiera establecido un sistema de valores móviles para que cuando bajen los precios también lo hagan las retenciones”. El funcionario trató de dejar en claro que el objetivo fundamental es mantener a raya el precio de los alimentos para evitar que se deteriore el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Lousteau también recordó que la intervención oficial va más allá de las retenciones y que en muchos casos beneficia al campo. Un ejemplo es el tipo de cambio alto, que sirvió para potenciar las ganancias del agro y es una consecuencia de las habituales compras de divisas que realiza el Banco Central. “Este año el Gobierno va a comprometer 4000 millones de dólares en la compra de divisas y este es un elemento fundamental para sostener el tipo de cambio; si en vez de ser de 3,15 fuera de 2,80 pesos, el campo obtendría un 10 por ciento menos de rentabilidad”, sostuvo.

Otro ejemplo fue el precio del combustible, que se vende en el mercado local muy por debajo de la cotización internacional debido a la aplicación de retenciones a las exportaciones de crudo y naftas. “El campo no se queja de las retenciones cuando sirven para que las naftas estén baratas”, chicaneó Lousteau. También dijo que una parte de lo que se recauda a través de las retenciones vuelve a los productores como compensaciones que sirven para mantener estable el precio de otros alimentos. “La gente tiene que saber que cuando va al supermercado a comprar leche, harina y pastas, hay una compensación que está haciendo el Gobierno para que el precio de esos alimentos no suba tanto como está ocurriendo en otros lugares del mundo”, agregó. De hecho, durante los últimos doce meses se destinaron más de 1400 millones de pesos a ese programa.

Los productores, en cambio, consideran que la medida del Gobierno es prácticamente una confiscación. Ayer, luego de que el ministro habló, varios dirigentes rurales desestimaron esos argumentos volviendo a remarcar que el Gobierno se queda con la mitad de la ganancia generada por cada barco lleno de soja que se exporta. Poco importa, para ellos, que gran parte de esa ganancia sea una consecuencia de medidas implementadas por el Estado. tal como recordó Lousteau.

Por ejemplo, las retenciones a las exportaciones son un mecanismo de redistribución de la renta agraria, pero el tipo de cambio es otra opción igual o más efectiva para lograr lo mismo. De hecho el dólar barato de los ’90 provocó una transferencia del campo a otros sectores, como empresas privatizadas y bancos, equivalente a la aplicación de unas retenciones promedio de 35,2 por ciento de los ingresos totales de los productores agropecuarios durante todo el período, cuando los precios internacionales eran mucho más bajos. Algunos de los productores que llaman a las radios pueden desconocer esta situación, pero las entidades agrarias saben que las ganancias que comenzaron a percibir desde 2002 no fueron producto sólo de un incremento de su productividad o una mayor demanda, sino fundamentalmente de la devaluación del peso. La recriminación más solida que se realizó ayer no provino de los productores, sino de los ministros de Economía de las distintas provincias, quienes apoyaron el nuevo esquema de retenciones móviles, pero le reclamaron a Lousteau que parte de esos ingresos se destinen a la concreción de obras de infraestructura para potenciar la producción. Esa es una asignatura pendiente del gobierno nacional.