La Corte Suprema colombiana puso fin a las esperanzas de los sindicatos y respaldó la cuestionada reforma laboral de Alvaro Uribe. En su última visita a Washington para presionar por el Tratado de Libre Comercio (TLC), el mandatario se había congratulado frente a los demócratas por la nueva ley. “Ahora en Colombia se goza de plenas garantías y derechos laborales”, había dicho en el Capitolio para aplacar el escepticismo de los demócratas. Pero su alegría comenzó a tambalear hace unas semanas, cuando el procurador general de la Nación y el presidente de la Corte se pronunciaron a favor de un recurso presentado por la principal central sindical, que demandaba la inconstitucionalidad de parte de la reforma. El miércoles, mientras el presidente norteamericano George Bush hacía un llamado dramático a apoyar el TLC con Colombia, la Corte en Bogotá daba un giro inesperado y le quitaba una preocupación a Uribe.

Para la Central Unica de Trabajadores (CUT) colombiana la explicación es simple. “Estados Unidos presionó a la Corte Suprema”, sentenció el vicepresidente de la organización, Fabio Arias. “El gobierno de Uribe sabe que tiene que darle plenas garantías, estabilidad jurídica, a Estados Unidos para que lleguen los inversores, especialmente, para que se apruebe el TLC”, agregó a este diario. Esta misma explicación podría servir también para entender la ley que a toda velocidad quiere aprobar el Congreso para regular el derecho a huelga. Respondiendo a un reclamo del Capitolio, el Legislativo colombiano, de mayoría oficialista, creará un organismo estatal que mediará, sin excepción, en todos los conflictos entre los trabajadores y las empresas.

La oposición demócrata en Estados Unidos ha dicho en reiteradas ocasiones que la falta de garantías para los trabajadores y los dirigentes sindicales colombianos son la principal traba para cerrar el TLC, al que sólo le falta la ratificación del Congreso estadounidense. Pero su preocupación no se centra en las horas extra que deben trabajar los colombianos por el mismo sueldo o la flexibilización de sus contratos que no les asegura un futuro estable para ellos y sus familias. Para el Capitolio el “tema laboral” se refiere sólo a la represión, la persecución y los asesinatos de los sindicalistas a manos de los grupos paramilitares –financiados por las grandes empresas colombianas y transnacionales–, que Uribe no ha podido o querido detener.

Por eso, intenta enfocar toda la atención en las nuevas “garantías” que estableció su reforma laboral. Al poco tiempo de estrenar el poder en 2002, Uribe lanzó una iniciativa “para adaptar al país a los nuevos tiempos”. La idea no era nueva y ya había fracasado en varios países, entre ellos Argentina. Sostenía que si se disminuyen los “beneficios” de los empleados, los empleadores podrán contar con un excedente para invertir y crear nuevos puestos de trabajo. “Estamos acostumbrados a legislar para los empleados, pero no para los desempleados”, defendió esta semana el ministro de Protección Social, Diego Palacio.

Para ello, se aprobó disminuir la remuneración de los feriados y los días del fin de semana trabajados del 100 por ciento al 75 por ciento, anular prácticamente las horas extra al extender la jornada de las 6 a las 22 horas y reconocer la supuesta necesidad de los empleadores de los despidos sin causa justa, permitiendo reducir las indemnizaciones. Todo este ahorro representó ganancias empresariales anuales por más de 1600 millones de dólares y el 36 por ciento del poder adquisitivo que tenían los trabajadores, según una investigación de la Universidad Nacional de Colombia.

Pero eso poco le importaba al presidente Uribe, quien había prometido que la reforma laboral generaría 160 mil puestos de trabajo por año. “Vistos los resultados, es claro que después de cuatro años no se cumplieron esos objetivos, pues de los 640 mil empleos que se esperaba generar, sólo se crearon 240 mil; mientras que los empleadores obtuvieron billones de pesos que no compensan la reducción drástica de los derechos de los trabajadores”, escribió en su fallo en disidencia el juez Jaime Araújo.