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La toma del Rectorado de la UBA por parte de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales cumplirá mañana un mes. Al margen de las hasta ahora infructuosas reuniones informales que se suceden cada día para intentar destrabar el conflicto, hoy un grupo de diputados presentará un proyecto de pedido de informes al Poder Ejecutivo.
“En la actualidad, las carreras (de Sociales) se dictan en distintos edificios..., la mayoría de los estudiantes se encuentran hacinados y los edificios en pésimas condiciones”, consideran los legisladores Alfredo Bravo y Fernando Melillo, entre otros, en el proyecto con el que pretenden solicitarle al Ministerio de Educación que informe sobre la infraestructura edilicia de la facultad, la distribución presupuestaria al interior de la UBA y qué gestiones formales se han realizado para solucionar la falta de espacio.
Mientras esta semana, en Sociales, amenazas de bomba obligaron a suspender de a ratos las clases, entre los estudiantes sigue en tensión el debate sobre si se plebiscitarán las próximas decisiones o si sólo seguirán tomándose resoluciones en asambleas. No obstante, los sectores que impulsan la consulta a los cursos (en general, las agrupaciones del MRS) pretenden esperar hasta que haya alguna propuesta que plebiscitar. Ayer, se realizaron clases públicas frente a la casa del rector Guillermo Jaim Etcheverry, a metros de Las Heras y Agüero, entre las 17 y las 21.
Por otro lado, consejeros graduados y alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), además de la AGD y el centro de estudiantes, repudiaron “enérgicamente” la resolución del Consejo Superior de la universidad que, la semana pasada, intimó a los alumnos de Sociales a abandonar el edificio ubicado sobre Viamonte al 400: “Esto sólo se puede interpretar como la amenaza represiva de un desalojo violento y el intento de impedir, ‘en el marco del sistema democrático’, toda expresión de lucha”, señalaron en una declaración conjunta.