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Las crisis capitalistas globales más recientes, que hicieron sentir su rigor a las poblaciones europeas y de los Estados Unidos, no presentaron grandes novedades para los espectadores latinoamericanos. Esos avatares del neoliberalismo ya suenan a película repetida y en países como el nuestro lo hemos padecido en carne propia.

Esto ha contribuido asimismo a consolidar una creciente demanda de ética, no ya sólo a las empresas, sino al conjunto de referentes, sean individuos u organizaciones, a los que se percibe con algún poder de decisión. En este contexto global, promover la idea de una democracia socialmente responsable es apostar a la sustentabilidad de la democracia como sistema político y como forma de vida. Asimismo, implica tomar posición por una democracia con valores desde un enfoque y un criterio definidos por la sustentabilidad, que tenga a la universidad pública como faro.

Como ha dicho en reiteradas oportunidades Bernardo Kliksberg, que orienta nuestra gestión en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, la justicia social es el mandato ineludible de la democracia de nuestro tiempo. Pero no es menos cierto que, para que se pueda sostener en el tiempo, deben realizarse cambios tanto estructurales como en la dinámica de la gestión pública, para que no dependa meramente de la voluntad política, siempre más cercana a la coyuntura que a la proyección en el tiempo.

Estos principios se encuentran en la base del voluntariado universitario que emprendemos donde se conjuga una doble experiencia, de gestión y conceptualización. Esta experiencia se viene desarrollando de forma continua desde hace cuatro años, con el énfasis puesto en la transversalidad de la responsabilidad social como línea maestra de la gestión universitaria y el voluntariado como eje en torno del cual se organiza su implementación. La noción de responsabilidad social, aplicada a individuos y organizaciones, en correlación con su posición relativa en la sociedad, permite una articulación sustentable entre democracia y mercado. Esto es así porque humaniza la dinámica económica, incorporando la consideración por sus efectos, tanto inmediatos como estratégicos, en las poblaciones sobre las que impacta.

En este sentido, promover la responsabilidad social en individuos y organizaciones –del mercado, del Estado y de la sociedad civil– implica, asimismo, seguir repensando el rol social de la universidad, como se ha dicho, para colocarla definitivamente al servicio de las necesidades de la comunidad, para una mejor convivencia y una distribución más justa e igualitaria del conocimiento. Es así que las acciones necesarias para orientarnos en esa dirección no sólo son posibles y realizables, sino que ponen a la universidad pública –en tanto usina de producción de conocimiento compartido socialmente– en un lugar protagónico frente a los desafíos del siglo XXI y en la tarea de construir democracias más justas e inclusivas que beneficien a todos los argentinos.

* Secretario de Bienestar Estudiantil de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y autor del libro Hacia una democracia socialmente responsable. Una reflexión desde la Universidad Pública.