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Los investigadores nacionales que se dediquen al desarrollo de tecnología podrán de ahora en más ser evaluados por este trabajo y ya no por la publicación de papers, según queda establecido en el “acuerdo histórico” que suscribieron ayer todos los organismos científicos del país, entre ellos las universidades y el Conicet. Tal como anticipó este diario, y tras un año de trabajo conjunto, el sistema de ciencia aprobó una serie de “pautas y criterios” para comenzar a evaluar a la ciencia aplicada, por lo que, quienes opten por una línea tecnológica, podrán prescindir de la publicación de artículos en revistas científicas. Se busca corregir un vacío en materia de evaluación científica y fomentar así la aplicación del conocimiento en el sector productivo.

“La jornada de hoy –por ayer– es ciertamente histórica”, señaló a Página/12 el secretario de Articulación Científico Tecnológica de la Nación, Alejandro Ceccatto. “No ha quedado ningún instituto, ninguna universidad pública ni privada, ningún área de Gobierno vinculada al sector afuera de este compromiso”, dijo y remarcó: “Estos nuevos parámetros no se hacen a expensas de la ciencia básica. No se la desmerece para nada. Aquellos investigadores que se dediquen a la ciencia básica van a seguir publicando sus papers brillantes –indicó–, esto es sólo para aquellos que se dediquen a la ciencia aplicada, para que puedan desarrollar tecnología y transferencia sin ser penalizados”, por sus organismos de origen.

La ciencia básica genera conocimiento. Más allá de su aplicabilidad, para que este saber sea reconocido institucionalmente, y para que impacte en la disciplina en la que trabaja, debe incorporarse a la circulación de publicaciones, los famosos papers de las revistas científicas. En base a estas publicaciones son evaluados los investigadores de estas disciplinas. Ahora bien, el trabajo de la ciencia aplicada es otro. Tiene objetivos específicos, trabaja por demanda, en busca de un producto definido de antemano y, por estas razones, resulta complejo evaluar a estas actividades con el criterio del paper. Por ello el sistema científico se propuso generar nuevos parámetros de evaluación y equiparar así ambas actividades.

“Estamos dando un paraguas para que aquel que quiera involucrarse en alguno de los proyectos tecnológicos del país sepa que no va a ser penalizado por el Conicet si deja de publicar”, explicó el presidente del Conicet, Roberto Salvarezza, a Página/12. De todas formas, Salvarezza sostuvo: “No comparto la idea de separación entre la ciencia básica y la ciencia aplicada. Nosotros queremos investigadores dinámicos, que puedan desarrollar una idea productiva, después volver a la investigación básica... La ciencia es una sola”, dijo. “Y de ninguna manera estamos cambiando la evaluación de la ciencia básica –aseguró después–, estamos abriendo una nueva evaluación para aquellos que están en la interfase” del desarrollo tecnológico.

Durante la mañana de ayer los organismos de ciencia firmaron el acuerdo y ya durante la tarde empezaron a trabajar en su implementación, “a bajar estas ideas acordadas, estos acuerdos y principios en un marco operativo con mecanismos concretos”, en palabras de Ceccatto.

En la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología se creará un Banco Nacional de Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social, donde se agruparán los proyectos tecnológicos –muchos de ellos actualmente en curso– “orientados a aprovechar oportunidades estratégicas y necesidades sociales o de mercado”. Los investigadores que participen allí, siempre a través de instituciones del sistema científico, serán evaluados en el marco de estos proyectos, según su grado de participación y sus avances.

“Desde el sistema universitario veníamos reclamando que se generaran nuevas herramientas que fueran parte de un cambio de paradigma vinculado a la ciencia y al desarrollo tecnológico”, dijo el secretario de Políticas Universitarias de la Nación, Martín Gill, consultado por este diario. Gill fue hasta hace poco presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), uno de los espacios que impulsó esta iniciativa. “Había áreas y ejes problemáticos, había una dimensión ausente –señaló–, los mecanismos para evaluar a la ciencia aplicada eran parte de otro sistema. Ahora tienen que complementarse, tiene que lograrse un equilibro para evaluar a los investigadores en condiciones de igualdad.”

La propuesta fue suscripta por los consejos de rectores de universidades públicas (CIN) y privadas (CRUP), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau). También participaron el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), el Instituto Nacional del Agua (INA) y otros organismos del sistema científico.