El Senado bonaerense aprobó por unanimidad el proyecto de creación de la Policía Judicial bajo la particularidad de haberle cambiado su nombre –se denominará Cuerpo de Investigadores Judiciales, para que no se lo confunda con una agencia policial– y algunos articulados del original, pero que sostiene en su argumentación central los mismos requisitos y fines que proponía el proyecto original de la Comisión Provincial por la Memoria. Luego de la aprobación, el expediente fue girado a Diputados, que la semana que viene lo podrá tratar sobre tablas y aprobar como ley o girar nuevamente al Senado con modificaciones. La aprobación por unanimidad es un paso importante hacia el reemplazo de la Bonaerense como fuerza diseñadora de pantallas y senderos que se bifurcan y una respuesta política al respaldo tácito que dio Scioli a su cuestionada policía provincial un día después del durísimo informe de la Comisión Especial del caso Candela. Al término de la votación, Casal agradeció con su mejor cara de poker.

El proyecto original fue planteado por la Comisión Provincial por la Memoria luego de mantener reuniones con expertos de diferentes áreas y abrir la propuesta a debates públicos. El proyecto básicamente conformó una agencia civil para investigar delitos graves o en los que existiera sospecha de participación de funcionarios públicos, como la Bonaerense. El durísimo informe de la Comisión del Senado para el caso Candela es el antecedente público más inmediato de los problemas que la creación de la nueva agencia busca resolver: evitar la autocobertura de la propia Bonaerense, con ayuda de jueces y fiscales.

La importancia que Scioli le dio al proyecto está a la vista: apenas asumió su nuevo mandato envió a la Legislatura su proyecto, al que presentó como si se tratara del original de la CPM, ocultando que había efectuado cambios sustanciales: borró las referencias a la selección y capacitación del personal, dejó de lado los mecanismos de control y transparencia y mantuvo el control bajo el área de la Procuración General, a cargo de María del Carmen Falbo; además de permitir que ex bonaerenses se sumaran al personal, cosa que la CPM anulaba en forma tajante.

El proyecto que aprobó ayer el Senado logró superar algunas de las trabas impuestas por el tándem Scioli/Casal y fue resultado del debate público en foros de ocho jurisdicciones, a los que el Senado envió el proyecto de Scioli/Casal. Los foros fueron abiertos al público y en ellos participaron diferentes organizaciones sociales. En cada uno de ellos, la CPM participó aportando el suyo propio durante el debate, de modo que en las discusiones se evaluaron las dos posturas. De hecho, el primero y más nutrido fue el que se realizó en la Universidad de San Martín, donde el debate fue abierto por el secretario de la CPM, Alejandro Mosquera, que llevaba bajo el brazo el proyecto original.

Fue en los foros donde se modificaron algunos de los corsets que había aplicado Scioli. Por ejemplo, en la propuesta del tándem se había anulado la designación de las autoridades de la nueva agencia mediante una audiencia pública y se pretendía que la elección de los directivos fuera directa y quedara en manos de Falbo. Pero en el proyecto aprobado se incorporó que fueran designados tras el paso por una “entrevista pública” en la Legislatura. Habrá un jurado compuesto por tres diputados y tres senadores, dos por la mayoría y uno por la minoría en cada caso, encargado de elegir una terna de la que Falbo designará uno. La agencia continuará dependiendo, tal como lo propusieron Scioli y Casal, de la procuradora.

De los foros surgió, también, el cambio de designación: ya no será Policía Judicial, tal como lo indica la Constitución bonaerense, sino Cuerpo de Investigadores Judiciales, para señalar que tienen atribuciones más amplias que la Bonaerense, y para indicar que no se trata de un cuerpo policial sino una agencia civil de investigación. Por otro lado, si bien no se incorporó el artículo que rechazaba la incorporación de ex integrantes de la Bonaerense, se sostiene que no podrán ser pasados en bloque, como lo pretendía Casal, sino en forma individual y después de pasar por un riguroso concurso de antecedentes y una obligatoria formación específica que será dictada bajo el área de una secretaría de formación de la misma agencia. Se mantienen las incompatibilidades a exonerados de cualquier fuerza, procesados o condenados, y sospechados de haber cometido crímenes de lesa humanidad o torturas.