La presidencia de la Auditoría General de la Nación quedó envuelta ayer en una fuerte polémica entre el oficialismo y la oposición. En la reunión de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, el kirchnerismo aseguró que el radical Leandro Despouy concluyó su mandato como titular de la AGN el 19 de marzo de 2010, al cumplirse los ocho años de plazo que establece la ley. Desde la UCR denunciaron un “atentado a la democracia” y un “golpe de Estado institucional” y argumentaron que la Constitución Nacional no fija plazos rígidos, por lo que Despouy continúa siendo el titular del organismo de control externo del gobierno nacional. El arco opositor salió a criticar la actitud del Frente para la Victoria y respaldó al titular del organismo. “El mandato de Despouy está vencido desde marzo de 2010 y la UCR, que como principal partido de la oposición tiene que nominar al titular de ese organismo, no lo hizo. Por eso el cargo quedó vacío”, aseguró el jefe del bloque de senadores del kirchnerismo, Miguel Pichetto. Ayer a la mañana estaba convocado Despouy junto con el cuerpo de auditores a una reunión de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas donde se trataría el “programa de acción 2012”. Pero tanto Despouy como los legisladores opositores se sorprendieron con el planteo que lanzó el titular de la comisión, Fabián Ríos. “No puede haber una persona que tiene la responsabilidad de firmar importantes dictámenes sin mandato consagrado”, detalló Ríos y le pidió a la UCR que “formalice la situación y comunique quién es el presidente de la Auditoría”. Durante el transcurso del día, el kirchnerismo reiteró que el radicalismo tiene la facultad para proponer a quien quiera, pero que debe hacerlo según los mecanismos legales.

En 2002 Despouy fue designado por el Congreso, a propuesta del radicalismo, mediante una nota formal de su entonces titular, Angel Rozas. El 19 de marzo de 2010, al cumplirse el plazo de ocho años fijado por la Ley de Administración Financiera para la vigencia de los auditores, el ex titular del radicalismo Ernesto Sanz emitió un comunicado de prensa “frente a versiones que afectan la correcta interpretación del texto constitucional”: “Tanto el nombramiento como la duración del mandato del titular de la AGN son, por disposición constitucional, competencia exclusiva del partido político de oposición con mayor número de legisladores”, argumentó y ratificó la “continuidad funcional” de Despouy.

Con ese argumento, el radicalismo nunca presentó ante el Congreso su voluntad de que Despouy continuara en el cargo. “Desde la presidencia del partido se debió haber enviado una nota a las Cámaras del Congreso de la Nación designándolo para un nuevo mandato, pero no lo han hecho. La UCR no puede acusarnos a nosotros cuando fueron ellos, por su propia torpeza, quienes dejaron vacío el cargo. Cuando cumplan con la nota, si vuelven a elegir a Despouy, quedará al frente de la Auditoría, pero mientras tanto no tiene mandato y el radicalismo es responsable del vacío en la presidencia de la AGN”, aseguró Pichetto, en respuesta a las múltiples críticas tanto del radicalismo como de otros partidos de oposición. Ríos agregó que mientras tanto queda a cargo otro auditor, el radical Horacio Pernasetti.

La Constitución establece en su artículo 85 que el titular del organismo “será designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso”. En ese mismo artículo, incorporado con la reforma del ’94, se considera que su integración será establecida por una ley reglamentaria “que deberá ser aprobada por mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara”. Pero esa norma nunca se sancionó y en su lugar se utiliza una ley aprobada en 1992. En su artículo 121, la Ley de Administración Financiera establece que los auditores son siete y duran ocho años en el cargo. En el artículo 123 dice que su presidente será designado “por resolución conjunta de los presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados”. Y en el artículo 122 fija que los restantes seis auditores, se designarán tres a propuesta de cada Cámara del Congreso, “observando la composición” política de cada una.

En medio de esa disputa por la interpretación de la ley y la Constitución queda no sólo la figura de Despouy, sino también los dictámenes emitidos por la AGN en los últimos dos años, cuya validez jurídica podría ser cuestionada si se impone el criterio del FpV. Se trata de informes como el del estado de los trenes, que cobró particular relevancia tras la muerte de 51 personas en la tragedia de Once. También otros como el que alude a un manejo irregular de los fondos de las obras sociales.

Los radicales anticiparon que no presentarán la nota ratificando a Despouy para no convalidar la interpretación kirchnerista del mandato concluido en 2010. Por lo pronto, organizan una movida política para el próximo martes, donde convocarán a todas las fuerzas opositoras a defender las instituciones.