El vocero del Fondo Monetario Internacional, Gerry Rice, le bajó el tono a la controversia planteada por la titular del organismo contra Argentina por el diseño de los índices de precios, cuando Christine Lagarde utilizó la figura de “sacarle tarjeta roja” al país por no haber respondido a las sugerencias recibidas. Esa intervención había sido rechazada con firmeza por Cristina Kirchner desde el estrado de la Asamblea de Naciones Unidas, la semana pasada. Ayer, en la primera alusión del FMI tras la respuesta de la presidenta argentina, Rice resignificó las palabras de Lagarde al señalar: “Como dijo la directora gerente recientemente, estamos prontos para cooperar con las autoridades de la Argentina en relación con la calidad de su índice de precios al consumidor y de su PIB, y a trabajar con ellos para mejorarlos”.

En videoconferencia desde Washington, Rice respondió a la consulta de una agencia de noticias argentina sobre la postura adoptada por el gobierno argentino frente al reproche de la titular del FMI. “Debo decir que la calidad, la confiabilidad y la integridad de los datos es esencial para que el FMI pueda trabajar; esto se da con todos los países miembro, sean grandes o pequeños. Es esencial para nosotros”, declaró el vocero del Fondo, volviendo al lenguaje diplomático que el organismo parecía haber abandonado frente a la Argentina. Y agregó, todavía en tono más conciliatorio: “Como dijo la directora gerente recientemente, estamos prontos para cooperar con las autoridades de la Argentina en relación con la calidad de su índice de precios al consumidor y del Producto, y de los datos incluidos en esos índices, y a trabajar con ellos para mejorarlos”.

Rice también fue consultado respecto del pronunciamiento del directorio del FMI el 18 de septiembre pasado, cuando advirtió sobre “la falta de progresos suficientes para implementar las medidas correctivas” en los índices. A este comunicado se había referido Lagarde al usar la metáfora de la “tarjeta amarilla” contra Argentina, advirtiendo que se exponía a “una tarjeta roja” en la próxima reunión de diciembre, si para entonces no se verificaban “progresos”. Esto es, iniciarle el proceso de “declaración de censura” al país una suerte de sanción que se aplica a los miembros que no cumplen sus obligaciones.

Con mucha mayor moderación, Rice subrayó ayer que “es el directorio del FMI el que va a determinar cuál va a ser el ritmo de aplicación de este procedimiento. El directorio va a reunirse en diciembre como anunciamos y va a deliberar en torno de este tema”. El vocero del FMI intentó volver ayer a los carriles técnicos de la relación entre el organismo y la Argentina. En ese marco, el gobierno argentino había solicitado, a fines de 2010, la colaboración del Fondo para la elaboración de un índice de precios al consumidor a nivel nacional que sustituyera al actual, que no sólo presenta limitaciones territoriales –la encuesta sólo abarca la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano–, sino además una desactualización en la valoración de la canasta básica, según admitió esta semana el Indec en un comunicado.

En cambio, tanto la comunicación del Fondo de la reunión de directorio del día 18 como la posterior repercusión que le dio la declaración de Lagarde adquirió un tono político, excediendo el marco del acuerdo técnico para convertirse en una “amonestación” al trabajo estadístico del gobierno argentino. La respuesta que le correspondió, dada por Cristina Kirchner, fue en tono igualmente político. En el marco de las Naciones Unidas, “en el cual se creó el FMI”, la Presidenta cuestionó el papel que está jugando el organismo frente a la crisis mundial y le cuestionó la falta de respeto hacia el país por la aplicación de la metáfora futbolística. Nueve días después de esa respuesta en Nueva York, ayer, desde Washington, el Fondo eligió volver al carril original.