Los estudiantes de la FUBA llevarán hoy a la Justicia su impugnación de las actuales autoridades de la Universidad de Buenos Aires. Las agrupaciones de izquierda que conducen la federación acusarán a Aníbal Franco de usurpar el cargo de vicerrector y a Alberto Boveris, decano de Farmacia y Bioquímica, de no haber cumplido con sus obligaciones durante el breve lapso en que permaneció al frente de la UBA. Ambos cuestionamientos apuntan a la controvertida sesión del Consejo Superior en que fue designado Franco y que fue presidida por Boveris. Así, la FUBA vuelve a la carga después de que el vicerrector y el bloque mayoritario de consejeros de la universidad lograran poner en funcionamiento la administración central de la UBA y obtuvieran cierto respaldo del Ministerio de Educación y del Consejo Interuniversitario Nacional. Ahora, este bloque procura lograr consenso para realizar la próxima semana una sesión del Consejo Superior con todos los sectores incorporados.

En realidad, la presentación judicial de la FUBA iba a concretarse ayer, pero se postergó hasta este mediodía. “Vamos a hacer dos denuncias en el fuero penal contra Boveris por incumplimiento de los deberes como funcionario público y contra Franco por usurpación de cargos y títulos”, dijo a Página/12 María Damasseno, copresidente de la federación universitaria. Desarrollada el miércoles 31 de mayo, en una sala cerrada y mientras afuera protestaban los estudiantes, la elección de Franco como vicerrector fue considerada ilegítima no sólo por los estudiantes de la FUBA, sino también por el espacio de consejeros que encabezan los decanos de Sociales, Filosofía y Letras, Exactas y Arquitectura. Como ya se informó, sostienen que la sesión del consejo no tenía quórum, que al menos una decena de consejeros no supo que se estaba votando y que la reunión no fue pública, entre otros puntos.

“Vamos a pedir que se investigue el posible delito de asociación ilícita –agregó Damasseno–. No solamente consideramos ilegal la elección del vicerrector, también que hay un grupo de personas, no solamente consejeros superiores, que actuaron juntos cuando se produjo el brutal ataque contra los estudiantes en la puerta de Medicina y también cuando se intentó hacer una asamblea autoconvocada en Farmacia y Bioquímica.” Este diario le preguntó a la dirigente estudiantil si esperaban una respuesta favorable de la Justicia: “No tenemos demasiada confianza, pero creemos que, además del cuestionamiento político a las supuestas mayorías que permite el actual estatuto, es necesario denunciar que no se cumplieron ni siquiera mínimamente las normas vigentes en la universidad”.

Al margen de la denuncia judicial, la estrategia de la izquierda estudiantil se canalizará este mes en una serie de debates sobre la reforma universitaria y la democratización institucional (ver aparte). “Ahora tenemos que ganar tiempo –confió un dirigente de la FUBA–. Los radicales se van a apurar para tratar de hacer la asamblea en vacaciones de invierno. Nosotros queremos que se haga en el segundo cuatrimestre, cuando haya estudiantes en las facultades.”

En lo inmediato, la aspiración explicitada por los consejeros radicales, peronistas y aliados que integran el bloque mayoritario es terminar de legitimar a Franco como vicerrector. “El próximo objetivo es acordar los términos de una sesión del Consejo Superior, con los cuatro decanos opositores adentro, aunque sea para criticarnos –comentó un consejero–. Si logramos eso, el conflicto político va a estar completamente institucionalizado.” En principio, la sesión se haría el miércoles de la semana que viene y se limitaría a tratar asuntos administrativos y académicos. Para las semanas posteriores quedaría la discusión sobre cuándo y cómo se realizará la asamblea universitaria para designar rector. En ese camino, tras la declinación de Atilio Alterini, las negociaciones dentro del bloque para definir un candidato se están dando en voz baja, en parte para no “quemar” antes de tiempo a quien resulte elegido. Los precandidatos naturales siguen siendo Franco y Boveris, aunque no se descarta recurrir a alguna figura de la universidad que no esté desempeñando un cargo y que haya sufrido menor exposición pública en los últimos tiempos.