Aunque la dirigencia universitaria acuerda con la necesidad de reformar el marco normativo de la educación, la propuesta oficial que está en discusión ha recibido numerosas críticas del sector académico. La principal es la escasez de tiempo para dar el debate, plazo acotado por el Gobierno a 180 días. Las consultas realizadas por Página/12 recabaron otros reclamos, como la falta de menciones explícitas al rol de una universidad integrada al sistema educativo o el requerimiento para que las casas de estudios tengan un papel central en la formación docente.

El Ministerio de Educación presentó en mayo su propuesta preliminar de contenidos para reemplazar la vigente Ley Federal de Educación, sancionada en 1993. La pretensión oficial es que antes de fin de año se cierre el proceso de consultas y debates ahora en marcha, se defina un proyecto y se eleve al Congreso. Antes de que se le agreguen los aportes sectoriales que se están realizando, el documento preliminar incluye una serie de principios generales, considera la educación como “base de una sociedad más justa”, postula la construcción de un sistema nacional de educación que termine con las desigualdades entre (y dentro de) las jurisdicciones, y plantea diez ejes: garantizar el acceso y la permanencia en el sistema; obligatoriedad de la escuela media; la calidad como derecho y como eje de la enseñanza; el derecho de la familia a participar de la educación de sus hijos; condiciones materiales dignas para las escuelas; introducción de tecnologías de la comunicación; respeto por la diversidad cultural; el docente como sujeto de derecho, con condiciones dignas de trabajo, de formación y de carrera. Si bien no hay menciones directas a la función de la universidad, sí se alude a su desarrollo en una próxima norma que derogaría la Ley de Educación Superior.

Cautelosos, los rectores universitarios han dejado la opinión institucional en manos de los respectivos consejos superiores. “Cada universidad está tratando el tema en forma individual. Luego, el Consejo Interuniversitario Nacional va a recopilar la información y trataremos de consensuar un documento final”, dijo el actual presidente del CIN, Carlos Domínguez, afín al peronismo. También consultado por este diario, Eduardo Asueta, rector de la Universidad de Entre Ríos, radical, apuntó: “Por ahora sólo se han planteado cuestiones muy generales, con las que estamos de acuerdo, aunque los plazos para la discusión son muy acotados. Esperamos que en una segunda etapa, cuando ya esté presentado el proyecto de ley, haya oportunidad de realizar un debate más profundo y que todas las universidades puedan plantear sus inquietudes”. Entre éstas figuran, según explicó Domínguez, que la ley haga referencia explícita a las universidades y las integre al sistema educativo. “Sobre todo, nos preocupa que se aborde la relación entre la universidad y la escuela media, la articulación y el trabajo conjunto para hacer menos traumático el paso entre ambos niveles.”

La federación que nuclea a los centros de estudiantes universitarios de todo el país (la FUA) terminó la semana pasada de elaborar un documento sobre la futura ley. Así explicó la postura su presidente, Mariano Marquínez (Franja Morada): “Desde siempre reclamamos la derogación de la ley federal y de la Ley de Educación Superior. Pero 180 días no es un plazo prudencial para dar la profunda discusión que hace falta. Además, el debate debería convocar en conjunto a todos los niveles educativos, no por separado, como compartimentos estancos. El documento presentado por el Gobierno parece un cúmulo de buenas intenciones, pero carece de elementos para discutir. El debate es ficticio”. Algunos de los puntos que los estudiantes pretenden introducir son “la discusión sobre la transferencia de la educación a las provincias, la formación técnica, la educación para adultos” y también “la reinserción de los sectores sociales que en los ’90 fueron excluidos del sistema educativo”.

Entre los divididos gremios docentes, algunas de las contrapuestas opiniones son expresadas por la Fedun y la Conadu Histórica. Desde la primera federación, Daniel Ricci se definió “a favor de la nueva ley. Hoy es imprescindible cambiar una ley que fue puesta por el menemismo pensando en un proyecto neoliberal de país”. El dirigente sindical destacó que la ley debería dar a la universidad “un rol protagónico en la capacitación de los docentes de todos los niveles”. La Conadu Histórica, en cambio, rechazó la propuesta del Gobierno porque “delega y descarga en la familia, el municipio, la iglesia, la responsabilidad de la educación pública y gratuita que los ciudadanos le han encomendado”. En un documento aprobado hace un mes, la federación docente cuestiona asimismo el plazo y el método de discusión: lo considera “una repetición burocrática y antidemocrática... cuya intención es ocultar el objetivo, perseguido desde los años ‘90, dedestruir la educación estatal, pública, obligatoria, laica y gratuita”.