Un 22 de agosto de 2000 ingresaba a Comodoro Py la primera denuncia por los presuntos sobornos pagados en el Senado para obtener la sanción de la ley de reforma laboral. Por una cuestión horaria, la primera correspondió al abogado Juan Carlos Iglesias. Con diferencias de minutos otras seis fueron llegando a la mesa de entradas de los tribunales federales. El ex vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez, el abogado Ricardo Monner Sans, el diputado Guillermo Francos, aquel que renunció a su banca de diputado nacional por “cansancio moral”, fueron algunos de los que se presentaron como denunciantes. A seis años de aquel hecho, la causa por los sobornos está a punto de ser elevada a juicio oral. Por lo menos una parte de ella. Para una segunda etapa quedará Fernando de la Rúa y la principal duda está puesta en la suerte procesal que tendrá el ex senador Angel Pardo, en la actualidad fuera del proceso gracias a una falta de mérito, pero muy comprometido luego del testimonio de Sandra Montero, ex asistente del senador por Río Negro, Remo Costanzo.

La elevación a juicio oral se inicia luego de que el juez actuante, en este caso Daniel Rafecas, considere que la instrucción está completa. Luego le corre vista al fiscal y a los defensores actuantes. Más allá de las opiniones de las partes, la última palabra le corresponde a Rafecas. El mecanismo comenzaría hoy mismo ya que el 31 de este mes, fecha en la que se tomaron las primeras indagatorias, se cumplirían seis años. La misma cantidad de tiempo que el que le corresponde a una condena por cohecho. Más allá de que la mayoría de los involucrados continuaron siendo funcionarios públicos, y que por lo mismo se podría considerar que la prescripción recién correría cuando dejaron sus bancas y cargos, la polémica se sortea con la elevación a juicio oral de la primera parte de la causa. Parte que involucra a los ex senadores José Genoud, Emilio Cantarero, Augusto Alasino, Alberto Tell, Remo Costanzo y Ricardo Branda; al ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, al ex jefe de la SIDE Fernando de Santibañes y al arrepentido Mario Pontaquarto.

El futuro del ex senador del peronismo por Corrientes Angel Pardo aparece como indefinido. Por el momento cuenta con una falta de mérito. Hay pericias pendientes para establecer su estado de salud y la posibilidad de enfrentar un juicio oral. El flamante testimonio de Sandra Montero dio cuenta de que al día siguiente a la aprobación de la ley, Pardo fue uno de los senadores que pasaron por el despacho de Costanzo. Cuando le tocó presentarse ante los tribunales Antonio Cafiero sostuvo que Pardo era uno de los senadores que podía aportar información sobre el tema. También había dicho que los ex senadores Eduardo Bauzá y Ramón “Palito” Ortega sabían sobre los sobornos.

Luego de la aparición de la nueva testigo, Cafiero señaló que en un encuentro que mantuvo con Pardo en el aeropuerto de Curuzú Cuatiá, ante una pregunta suya, el correntino le había reconocido el pago de los sobornos. “Sí, la ley se pagó y De la Rúa sabía todo”, comentó Cafiero que fue lo que Pardo le dijo en esa época. Por cierto que el relato no está en el expediente judicial y esa es una tarea que tanto Rafecas, como el fiscal Federico Delgado tendrán por delante. En los tribunales, Pardo reconoció ese encuentro pero lo relativizó. “Qué voy a saber yo de este tema si soy del Barrio Chino”, había respondido en referencia a los legisladores que se ubican en los espacios periféricos de los lugares de decisión de la bancada.

Lejos quedó en el tiempo el comienzo de la causa. Días en los que Cafiero repetía: “Tengo certezas pero no tengo pruebas”. Algunas pruebas se han acumulado en estos seis años. Otras nuevas pueden aparecer.