Los secuestros de doce militantes de derechos humanos en la puerta de la iglesia Santa Cruz, incluidas las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y las monjas francesas; el asesinato del periodista Rodolfo Walsh y la apropiación de diferentes bienes de desaparecidos. Por estos hechos ya hay quince marinos procesados. La semana pasada, el juez federal Sergio Torres consideró que la investigación de esos casos ya estaba cerrada y comenzó los trámites para que los involucrados en estos expedientes, que forman parte de la causa ESMA, sean juzgados lo antes posible. Los represores Jorge Eduardo Acosta, Alfredo Astiz y Adolfo Miguel Donda están entre los que se sentarán en el banquillo.

El proceso de elevación a juicio de un expediente judicial no es sencillo y suele durar unos cuantos meses, ya que todas las partes involucradas pueden hacer reclamos en el medio. En los casos de los represores, las defensas son las más interesadas en dilatar los tiempos. Por eso, a pesar de que existen algunos planteos pendientes de resolución en la Cámara de Casación sobre estos temas, el juez Torres consideró que se puede dar por cerrada la investigación y empezar los trámites para llevar estos casos a juicio oral. El primer paso ya fue dado y consistió en pedir a las querellas que se pronuncien sobre la elevación. En la causa por la apropiación de bienes, esto ya se hizo y ahora es el turno de la fiscalía.

El beso de Astiz en la Santa Cruz

El jueves 8 de diciembre de 1977 por la noche un grupo de hombres vestidos de civil, que se identificaron como policías, interceptó a los familiares que salían de la iglesia Santa Cruz, donde habían estado ultimando los detalles y recolectando plata para una solicitada que saldría dos días después en La Nación. Se llevaron a nueve personas. Ese mismo día desapareció en su atelier Remo Carlos Berardo, quien también participaba de las reuniones en la iglesia. Dos días después, cuando iba a comprar el diario para ver la solicitada, fue secuestrada Azucena Villaflor. Al mediodía se produjo la detención de la religiosa francesa Léonie Duquet.

Astiz fue la pieza clave que permitió a los marinos concretar el operativo que tenía como objetivo central desarticular el incipiente movimiento de derechos humanos que se estaba organizando en el país en plena dictadura militar. El “Angel Rubio” se presentó ante las Madres de Plaza de Mayo como el hermano de un desaparecido y comenzó a participar de sus reuniones. Así, guió a la patota de la Escuela de Mecánica de la Armada hasta la Santa Cruz.

El caso sobre los secuestros de los militantes de derechos humanos en la iglesia Santa Cruz fue uno de los primeros expedientes que Torres tramitó por separado dentro de la llamada “megacausa” de la ESMA. En mayo de 2004 el juez procesó por estos hechos a Jorge Eduardo Acosta, Alfredo Astiz, Héctor Febres y Antonio Pernías. En diciembre de ese año, la Cámara Federal confirmó la medida.

La elevación a juicio da por cerrada la investigación respecto de esos acusados, pero otros represores podrían sumarse luego a la causa. De hecho, ya hay otros siete marinos involucrados en este caso, pero el trámite no está tan avanzado en relación con ellos.

Operación Masacre

En la tarde del 25 de marzo de 1977 el escritor y periodista Rodolfo Walsh fue interceptado cerca de San Juan y Entre Ríos por un grupo de personas entre los que había militares y miembros de diferentes fuerzas de seguridad. Acababa de despedirse de su mujer, Lilia Ferreyra. El objetivo de los represores era llevarlo a la ESMA para torturarlo, pero Walsh se resistió. Después de un tiroteo, llegó a la ESMA, aunque lo habrían llevado allí sin vida. Hasta hoy sigue desaparecido. Entre las cosas que tenía encima cuando lo mataron, había algunos ejemplares de su Carta Abierta a la Junta Militar, en la que denunciaba los crímenes de la dictadura.

En diciembre del año pasado, Torres procesó a diez represores por el asesinato de Walsh: Jorge Eduardo Acosta, Alfredo Ignacio Astiz, Antonio Pernías, Héctor Antonio Febres, Pablo Eduardo García Velazco, Jorge Carlos Radice, Juan Carlos Rolón, Julio César Coronel, Ernesto Frimon Weber y Carlos Orlando Generoso. El 20 de julio, la Cámara Federal respaldó la resolución.

Otro de los casos en los que comenzaron a realizarse los trámites con vistas al juicio oral es el de apropiación de bienes, que Torres también separó de la investigación principal. En ese expediente indagó sobre el desapoderamiento de propiedades de las víctimas del terrorismo de Estado que hicieron los miembros de la patota de la ESMA, para lo que montaron una estructura paralela a la represión dedicada a la rapiña. Allí están procesados los marinos Jorge Eduardo Acosta, Carlos José Pazo y Jorge Carlos Radice.

Finalmente, el juez también pidió a las querellas que se pronuncien sobre la elevación a juicio de 75 casos de desapariciones y secuestros incluidos en causa principal que involucran a los marinos Adolfo Miguel Donda, Oscar Montes, Carlos Octavio Capdevila y Acosta y al integrante de la Prefectura Naval Juan Antonio Azic.

“Es importante que las causas avancen porque algunas de estas personas están presas hace más de dos años y hay que resolver definitivamente su situación”, señaló Carolina Varsky, abogada del CELS. Rodolfo Yanzón, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, aseguró que “es imperioso agilizar los juicios contra los represores, que están siendo sistemáticamente paralizados por la Cámara Nacional de Casación”. Justamente, Torres inició los trámites de elevación a juicio de estos casos para que, al día siguiente de que Casación termine de analizar los recursos pendientes, se pueda fijar la fecha en que los acusados estarán en el banquillo. Pero el peligro es que la Cámara de Casación postergue indefinidamente sus resoluciones.