En la nota de Página/12 titulada “Oficialistas y opositores”, José Pablo Feinmann intenta una defensa del otorgamiento de superpoderes a ser ejercidos por el Presidente a través del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, si bien condicionada a su orientación hacia la opción por los pobres. No nos parece que remontarse a las grandes contradicciones de la historia de nuestro país sea pertinente para este caso: en esa lógica, todo aquel que se opone pasaría, por carácter transitivo, a integrar la línea histórica de los unitarios, antipersonalistas y antiperonistas. Como considero una grave distorsión más de nuestra ya distorsionada democracia la concentración del poder de decisión en el Ejecutivo; y en tanto no me siento identificada con la mencionada línea histórica, creo necesario definir un espacio diferenciado para quienes nos negamos a aceptar los términos de una opción tipo conmigo o sinmigo; por no mencionar recuerdos nefastos como Síganme y otros similares.

Son evidentes los peligros de quitar al Parlamento funciones decisivas y eludir los imprescindibles debates que requiere la Argentina ante un mundo en acelerada transformación; la dramática experiencia de utilización de esos superpoderes en los casos de personajes como Menem o Cavallo; o la inexistencia de condenas judiciales por delitos de corrupción a los protagonistas del saqueo de la Nación durante tres décadas. La necesidad de recuperar ese patrimonio del que fuimos despojados y en especial la renta petrolera para el sector público, dada su potencialidad si se trata de revertir gran parte de los males que aún nos afectan –los recursos con que actualmente cuenta el presidente Chávez no se los regaló una tía rica que pasaba por allí y Evo Morales acaba de darnos otro gran ejemplo–, dan cuenta del imperativo de ampliar los espacios de discusión y participación ciudadana, transparentando la utilización del presupuesto del Estado. Porque es en el presupuesto público donde claramente se revela la orientación política y las prioridades de un gobierno, por encima de discursos o promesas.

En el transcurso del tratamiento del tema emitido por televisión, se mencionó varias veces que la diputada Cristina de Kirchner fundamentó su oposición a los superpoderes recibidos por Cavallo en el 2000 con un proyecto que es el espejo invertido del que defendió como senadora en el 2006: tales cambios no son tranquilizantes si de coherencia política se trata. El presidente Kirchner reconoció como un error haber apoyado en su momento la privatización de YPF –un error que según cálculos ajustados hacia abajo le ha costado y le sigue costando al país más de 150 mil millones de dólares–, pero se muestra poco dispuesto a corregirlo: coherencia política que no tranquiliza. Además, de ninguna manera es tranquilizante que los superpoderes sean detentados por alguien con tan poca previsibilidad de futuro como el actual jefe de Gabinete, que en octubre del 2001 presentó una candidatura integrando la agrupación política Peronismo que apoya a Cavallo: ¿es la persona más apta para reorientar la política de Cavallo y sus terribles consecuencias hacia una opción por los pobres?

Estas acciones son difíciles de ubicar en el esquema analítico que nos propone José Pablo, con quien comparto esa posición sustentada en el pensamiento de Groucho Marx, acerca de no pertenecer a un club que acepta como socios a determinadas personas: si en el club están ahora Barrionuevo, Ruckauf, los gordos de la CGT, ciertos intendentes del conurbano bonaerense y ciertos gobernadores provinciales, ¿por qué, si uno no quiere pertenecer, es expulsado de la línea histórica de corte popular? ¿Por qué queda incluido en “una elite intelectual sumisa, silenciosa o, sin más, cómplice”? Tal vez el error del enfoque sea mezclar espuriamente al querido obispo Angelelli con el tema de los superpoderes. Los superpoderes tampoco se vinculan con el setentismo –cuya complejidad debemos debatir en otra oportunidad– sino más bien con el síndrome de pequeñas monarquías absolutas que se han conformado en la historia de algunas provincias chicas de nuestro país. En ellas, el gobierno se ejerce controlando el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, las fuerzas de seguridad, los medios de comunicación, la posibilidad de dar empleos o subsidios, de amedrentar o silenciar a los opositores, de ejercer un poder precisamente absoluto y en la mayoría de los casos de modo vitalicio, gracias a las reformas constitucionales acomodadas al respecto. No es necesario mencionar ejemplos. Pero cuando se trata del conjunto de la Argentina, es diferente ejercer un poder absoluto: en 1995, Menem controlaba el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, tenía el apoyo del FMI, del Banco Mundial, de los Estados Unidos, de los grupos económico-financieros locales y extranjeros, de un sector de la Iglesia y de la mitad de los electores; meses más tarde ese poder se había disuelto. Luis XIV ejerció una monarquía absoluta; Luis XVI y María Antonieta, también.