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Nueve meses después de que Roberto Lavagna denunciara “cartelización” en las licitaciones de Vialidad Nacional, el titular de la Cámara Argentina de la Construcción admite públicamente algunos desajustes en el sistema, que finalmente fundamentaron la anulación de los concursos objetados por el ex ministro de Economía. Enrique Wagner, propietario de la constructora Esuco, no se incomoda por la referencia a ese urticante episodio. La extraordinaria bonanza del sector y su simpatía por las políticas keynesianas de Néstor Kirchner, a quien conoce desde que era gobernador de Santa Cruz, lo ayudan a olvidar aquella contrariedad y la que podría provocarle la sospecha de algunos colegas de que es un aventajado en los concursos públicos.

–¿Esuco es una privilegiada en las licitaciones de Vialidad?

–No. Solamente ganamos dos licitaciones de varios centenares. Ni somos ni fuimos de las empresas más importantes del rubro: siempre estamos después del décimo puesto. Hay un núcleo de empresas, lideradas por las más grandes, como Techint, Roggio o Supercemento, entre otras, que son las que históricamente tuvieron más volumen de trabajo, y eso no cambió.

–¿El auge de la obra pública no abrió el juego a las pymes?

–Sí. Pero no hay que olvidar que para participar de obras viales, por ejemplo, también hay que disponer de equipos que, si no se tienen, deben contratarse. Eso supone un capital que no cualquier empresa tiene.

–Cuando Roberto Lavagna denunció cartelización en Vialidad, Roggio explicó que había una especie de concentración natural, porque muchas empresas después de la crisis quedaron fuera de juego.

–Seguro que eso fue así. Primero tuvimos que recuperarnos financieramente, a través de arreglos con los bancos, para poder endeudarnos. En el 2002 desapareció el crédito de los proveedores de maquinarias viales, recién recuperado a través del leasing.

–¿Qué pasó con las licitaciones objetadas?

–Las diez licitaciones fueron anuladas después de un análisis de Vialidad, que concluyó que sería muy complejo conseguir el aval del Banco Mundial para que las financiara. Siempre hay una concomitancia de hechos. En esas licitaciones, al igual que en otras anteriores, las características técnicas de los proyectos, poco precisas, permitían una dispersión muy grande de precios: algunas tuvieron cotizaciones muy por debajo y otras muy por encima del presupuesto oficial. Los pliegos se prepararon en el 2003 pero los concursos se hicieron bastante después. El proceso también fue estudiado por el banco y por la Cámara.

–¿Y cuáles fueron las conclusiones?

–Que, efectivamente, hubo una dispersión de precios tan grande que algunas licitaciones fundaban sospechas de cartelización o algún tipo de... irregularidad, si cabe decirlo así. La Cámara hizo un trabajo a pedido del banco que estamos ampliando ahora, pero desde el punto de vista de la capacidad instalada. Si no hay suficiente capacidad, disminuye la competencia y se propicia una suba de precios. Concluimos que el año pasado se batieron todos los records de venta de maquinarias viales: las constructoras compraron 2500 equipos. El sector crece a valores muy importantes y todavía no hay capacidad de respuesta para la producción de insumos críticos.

–¿Por qué cree que Lavagna denunció públicamente la cartelización?

–No lo sé. Para mí quiso dar un portazo. Si uno analiza el expediente que promovió ante Defensa de la Competencia, ve que es absurdo. Se basa en un estudio teórico de los economistas que trabajaban con (Oscar) Tangelson. En él concluyeron que la curva de precios de las obras viales subieron más que el promedio de otros precios. Pero los insumos de la obra vial están entre los que más se encarecieron desde la salida de la Convertibilidad. Los precios de la construcción remontaron un 178 por ciento. Pero el cemento se quintuplicó y el valor de algunas maquinarias se triplicó. Era sólo un análisis académico que le recomendaba al subsecretario de Coordinación (Leonardo) Madcur ver por qué de esas subas.

–¿Cómo lo ve al ex ministro de Economía en rol de opositor?

–Es un hombre inteligente, pero le falta soporte político para discutir el poder con el Partido Justicialista.

–Vamos a los números del sector...

–Son tan buenos que dan miedo y, cuando se conocen, hacen aumentar los precios de las propiedades. En realidad, el problema es que el salario quedó atrás en dólares respecto al valor de las casas y departamentos.

–¿La mayor demanda es por el impulso de la obra pública?

–No. También creció la obra privada, en la misma proporción. La vivienda suntuosa, primero, y la standard, ahora, tienen requerimientos importantes. La social está muy impulsada por el Plan Federal.

–¿Y no hay problemas de subejecución en los planes del Estado?

–Al contrario, estamos muy bien. De los 11 mil millones presupuestados para todo el año, en julio ya se había ejecutado como el 45 por ciento.

–Ustedes también tuvieron la ventaja de poder recalcular precios.

–Es cierto. Pero ese recálculo ya estaba previsto en la Ley de Convertibilidad. Siempre se permitió que en los contratos de tracto sucesivo, como los nuestros, si los insumos básicos aumentan más del 10 por ciento, se actualiza el monto del contrato.

–Más allá de los contratos de obra, los precios de la construcción en general vienen picando en punta.

–Los precios ahora están en una meseta. Pero en el primer semestre de este año subieron mucho más que en el mismo lapso del año anterior, en particular de los insumos. El auge del mercado inmobiliario se explica porque la gente todavía no se siente atraída por las inversiones financieras. Los fideicomisos para construir ofrecen una renta muy superior a un plazo fijo.

–¿Qué le dijeron a Guillermo Moreno, que está preocupado por el tema?

–Le presentamos un trabajo básico para que siga la evolución de los insumos necesarios para vivienda de clase media. Muchos proveedores nuestros están al tope de su capacidad y, ante una demanda creciente, la tentación de subir los precios es natural e irresistible. Moreno está preocupado por el tema y quiere ver qué pasa para saber cómo actuar.

–¿Y qué le parece la propuesta oficial para contener los alquileres?

–Es bienintencionada, pero no demasiado interesante ni para constructores ni para desarrolladores. Es una pena que no haya salido ningún subsidio a la demanda como se instrumentó en Chile, por ejemplo, donde el Estado financiaba el 25 por ciento del valor de la propiedad a través de un bono, que el comprador cancelaba sólo después de saldar su deuda bancaria.

–¿Qué les diría a quienes están preocupados por la suba del gasto público y ven lo que aumentan los presupuestos nacional y provincial para obra?

–Para nosotros la infraestructura es inversión y no gasto. De cualquier modo, la filosofía de este gobierno es que el Estado invierta más en infraestructura y servicios públicos y los privados menos de lo que ocurrió en los ’90.

–Esto quedó claro cuando este gobierno relicitó las rutas por peaje: los privados apenas hacen el mantenimiento.

–Es que, justamente, la pregunta del millón es qué es mejor: dejar que las empresas hagan las inversiones y las recuperen con tarifas o que las haga el Estado. Seguir con el esquema de la década pasada era imposible, ya que la devaluación destruyó el poder adquisitivo de los consumidores. Lo que más se deterioró con la devaluación son los salarios. La gente no podría enfrentar tarifas actualizadas. Y con precios congelados, es imposible afrontar inversiones. Por eso las termina haciendo el Estado.

–¿Como miembro de Covisur, concesionario de la ruta 2, nota diferencias importantes con la política de Felipe Solá en este rubro?

–La provincia de Buenos Aires está siguiendo el mismo esquema que la Nación: el Estado hace las inversiones y los privados el mantenimiento y gerencian. Hay criterios similares.

–¿Las obras de infraestructura energética abren una perspectiva de negocio para todo el sector o sólo para un núcleo reducido de empresas?

–Si hablamos de obras hidráulicas, por ejemplo, no se puede pensar más que en un puñado selecto de empresas que tienen la estructura necesaria. Para obras muy importantes, como la de la suba de cota de Yacyretá, también se abrirá el juego a firmas extranjeras que pueden subcontratar para el montaje a locales.

–¿En las ampliaciones de los gasoductos, que se hacen a través de fideicomisos, no hay riesgo de cartelización?

–Acá también se replica el esquema de las líderes, que tallan en las licitaciones, y las más chicas, que se cuelan. Es lo natural.