“Están amparando al violador”, afirmó la madre de C.C.A., cuando una Cámara de Apelaciones mendocina dejó en suspenso el aborto que –en los términos del artículo 86 del Código Penal– se le iba a efectuar ayer en un hospital público a su hija, quien padece discapacidad mental y fue violada. Los magistrados hicieron lugar a una medida cautelar requerida por una entidad vinculada con la Iglesia Católica. Horas antes, Julio Cobos, gobernador de la provincia, después de recibir a integrantes de esas entidades, había manifestado: “Mi idea es que la chica no aborte”. Contradijo así a su propio ministro de Salud, quien había avalado la perspectiva de que la intervención se efectuara en un hospital público: ayer, cuando la joven, acompañada por su madre, concurrió en el horario previsto para el acto médico, se encontró con que éste no podía efectuarse. La exclamación sobre el “amparo al violador” se funda en que sólo un aborto legal puede garantizar la obtención de las muestras de ADN necesarias para identificar al responsable del delito. El giro en la situación abre una carrera contra el tiempo parecida a la que hace pocos días, en la provincia de Buenos Aires, finalizó cuando, después de que la Corte Suprema diera su aprobación, los médicos estimaron que el embarazo estaba demasiado avanzado. La madre y sus abogados plantean la posibilidad de solicitar el aborto en un hospital de otra provincia.

La medida cautelar dictada por la Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil y Comercial mendocina –integrada por Horacio Gianella, Teresa Varela y Ana Beatriz Langa– impide la efectivización del aborto en el ámbito de todos los hospitales públicos mendocinos hasta tanto la misma Cámara se expida sobre el recurso de amparo presentado la semana pasada por la organización católica Vitam, que ya había rechazado el juez de Familia Germán Ferrer. La decisión judicial se produjo en la noche del sábado. En la mañana de ese mismo día, integrantes de aquella entidad habían efectuado una movilización, que incluyó una misa de campaña, ante el domicilio privado del gobernador Cobos. Este recibió a manifestantes y, después, declaró que “la idea mía es que no aborte”.

“Cuánto incidió en la decisión de la Cámara la postura adoptada por el gobernador, no lo sé –comentó Dante Vega, uno de los abogados de la familia de Claudia–; como ciudadano, quiero creer que la Justicia actuó con independencia.” Según deploró el abogado, “amenaza producirse lo que queríamos evitar, una situación como la que se dio en la provincia de Buenos Aires”: se refería al caso de una joven con discapacidad mental, víctima de violación, cuyo aborto, luego de diversos recursos judiciales, fue autorizado por la Suprema Corte bonaerense, pero los médicos consideraron que a esa altura el embarazo estaba demasiado avanzado para concretar la intervención.

Vega observó que “el mensaje que así se da a quienes pasen por una situación similar es que, para evitarse problemas, no acudan al sistema legal sino a los aborteros clandestinos: esto implica la impunidad para los violadores, ya que impide la obtención de las muestras de ADN que necesitan los fiscales para identificar a los culpables”.

La chica mendocina tiene 25 años y padece el síndrome de Lennox-Gastaut, que incluye retraso mental y convulsiones. La medicación que toma puede a su vez causar malformaciones fetales. El 7 de este mes fue acompañada por su madre, Ana Rosa Gazzoli, al Hospital Militar de Mendoza –el padre de Claudia, fallecido hace cuatro años, era militar–, donde le fue detectado el embarazo. Al día siguiente, la señora efectuó la denuncia penal por violación y solicitó en el mismo hospital que se efectuara el aborto, en los términos del artículo 86 del Código Penal, que lo admite “si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”.

En el Hospital Militar no se dio respuesta al pedido durante casi diez días, al cabo de los cuales la madre recurrió al Hospital Lagomaggiore, de la capital mendocina. Entretanto, sus abogados habían hecho unapresentación ante la Justicia y el juez Ferrer había resuelto que no hacía falta autorización judicial expresa, ya que el caso se encuadraba en lo que establece la legislación para interrumpir el embarazo. Armando Calletti, ministro de Salud de Mendoza, aseguró que la intervención se iba a realizar en el Lagomaggiore y –en diálogo con Mariana Carbajal, de Página/12– señaló que “el embarazo debe ser despenalizado cuando es producto de una violación”, además de comentar que “en Mendoza hay 3200 internaciones al año por complicaciones de abortos clandestinos” y que “en los últimos cuatro años hubo 14 muertes por esa causa”. Ginés González García, ministro de Salud de la Nación, expresó su esperanza de que “la experiencia lamentable de lo que pasó en La Plata no se repita y se aplique la ley”.

Tras la medida cautelar dispuesta por la Cámara, el abogado Pablo Barreda, otro de los representantes de la familia de C.C.A., sostuvo que “tenemos dos caminos: por una parte, insistir ante los tribunales en que la intervención no requiere autorización judicial; por supuesto, vamos a ganar, pero el problema son los tiempos: nos acercamos a los tres meses de embarazo. El segundo camino es buscar en otra provincia un hospital donde estén dispuestos a practicar la intervención”.

Ana Rosa Gazzoli, por su parte, sostuvo que si el embarazo progresa “está en juego la vida de mi hija” y agregó: “Yo no entiendo esto de la gente en la calle diciendo que defienden la vida. No saben lo que dicen, ni saben lo que pasa”.