La Universidad de Buenos Aires (UBA) ofrecerá mañana un nuevo capítulo de su larga crisis. A las 9, el Consejo Superior de la casa intentará sesionar frente a la prevista protesta de la izquierda estudiantil que preside la FUBA. El temario del Consejo incluye unos 300 asuntos que no pudieron tratarse en el último mes –justamente porque dos sesiones fueron frustradas por la federación– y, si las circunstancias lo permiten, podría comenzar a analizarse la sexta convocatoria de la asamblea universitaria para elegir rector. La sesión de mañana no sólo anticipará la capacidad del acuerdo político de los decanos para afrontar la oposición estudiantil. También exhibirá cómo actúa la Justicia, requerida por las autoridades académicas para garantizar el funcionamiento del consejo. Cuestiones clave en la pulseada por designar un nuevo rector antes de fin de año.

“La FUBA va a tratar de impedir la sesión y nosotros vamos a tratar de hacerla”, resumió ayer un decano, en diálogo informal con este diario. “Lo más importante es aprobar las becas, los concursos, los contratos, todo lo que está demorado. Y después veremos si se puede avanzar con otros temas, no hay nada definido.”

En las dos convocatorias anteriores del Consejo, los militantes de la FUBA les ganaron de mano a los decanos y demás consejeros, ocuparon las bancas y no hubo reunión. Para que el cuerpo pueda sesionar, es necesario que logren sentarse 15 de los 28 consejeros superiores. Por eso, mañana habría otro round del juego de la silla. Si logra abrirse la sesión, luego puede, por ejemplo, entrar en receso o cambiar de recinto y pasar a ser cerrada.

Hasta ayer, la UBA no había recibido respuesta por la medida cautelar presentada hace una semana por el vicerrector Aníbal Franco. El amparo –en manos de la jueza federal Susana Córdoba– solicita que se designe un veedor judicial con facultades para tomar las precauciones que garanticen la actividad del consejo, abanico de acciones que irían desde mediar entre las partes hasta llamar a la policía. Según fuentes de la universidad, la jueza podría dar curso a la solicitud, tomar otra determinación o, incluso, limitarse a librar un oficio trasladándole la responsabilidad, por ejemplo, al Ministerio del Interior. Por acción u omisión, la decisión se conocerá hoy. Y sentará un precedente importante hacia el próximo intento de elegir rector.

La FUBA anunció que se movilizará mañana hasta la sede del rectorado, sobre Viamonte al 400. Los estudiantes del PO, la CEPA (PCR), el MST y otras agrupaciones tratarán de imponer dos planteos. Uno, el rechazo a que la universidad presente sus carreras ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau), argumento con el que ya impidieron las últimas dos sesiones del Consejo Superior, pese a que los decanos acordaron retirar el punto para evitar conflictos. Segundo pero principal, la izquierda estudiantil se opone a que la elección del rector se realice antes de reformar los estatutos de la UBA y “democratizar la universidad”.

Los decanos –y la mayoría de los consejeros– sostienen el camino inverso. En esa dirección, hace una semana proclamaron una fórmula y una plataforma de consenso, encarnadas en las candidaturas a rector y vice de los peronistas Rubén Hallú (Veterinarias) y Jaime Sorín (Arquitectura), propuesta apoyada por el Ministerio de Educación. El paso siguiente es intentar organizar la asamblea universitaria antes de fin de año, posiblemente hacia el 10 de diciembre. El rumor señala que los decanos ya pidieron por nota que se les ceda la Cámara de Diputados o la de Senadores. Una vez que logren confirmar una sede que les ofrezca cierta seguridad, tratarán la convocatoria en el Consejo Superior. Aunque podría ocurrir mañana, sobre tablas, nadie se atrevió a confirmar que existirá el intento (en caso de existir la sesión).

La dirigencia de la FUBA tensa sus reclamos mientras especula con las dificultades políticas implícitas en la organización de la asamblea. “El Gobierno tiene un problema complicado –razonó un referente estudiantil ante este diario–. Si no ayuda a los decanos, deja todo abierto para el 2007, un año electoral donde todo va a ser más difícil. Si se involucra y les presta el Congreso, se arriesga a meterse en un conflicto donde tiene poco para ganar y que puede terminar con la policía golpeando estudiantes, a pocos días de las patotas del Hospital Francés y la violencia de San Vicente.”