Un decreto del gobierno porteño suspende el inicio de nuevos trámites para construir o ampliar viviendas de más de cuatro pisos en seis barrios porteños. La medida, en principio, no frena el otorgamiento de permisos, como había trascendido, ni las obras ya autorizadas, sino las nuevas solicitudes que se presenten a partir de ahora y durante noventa días. ¿Qué pasará mientras tanto? El Ejecutivo tratará de echar luz sobre un tema que en los últimos meses generó inquietud y protestas de vecinos de muchos barrios, que vieron crecer junto a sus casas, en forma indiscriminada, edificios en torre, con la consiguiente pérdida en la calidad de vida y el temor de colapso de los servicios públicos.

La suspensión de los nuevos trámites alcanza a zonas de seis barrios porteños: Caballito, Palermo, Núñez, Villa Urquiza, Coghlan y Villa Pueyrredón, que son los de mayor densidad de construcción. En rigor, la medida no comprende a todo el barrio, sino a aquellas zonas catalogadas por el Código de Planeamiento urbano como R2A, C3 y E3, que son las áreas residenciales de mayor densidad. “Alcanza a los edificios de más de 13,50 metros, por lo que los vecinos que quieran hacer reformas en sus casas no se verán afectados”, explicó a Página/12 el ministro de Planeamiento y Obras Públicas, Juan Pablo Schiavi.

El decreto que firmó ayer el jefe de Gobierno, Jorge Telerman, fue sólo parte del paquete de medidas que Schiavi presentó ayer en la Legislatura porteña. Las otras iniciativas son las siguientes:

- Un pedido a las empresas de servicios públicos, privadas y estatales, para “que hagan un mapa actualizado del estado de la infraestructura dentro de estos barrios, para determinar si podría haber un colapso en la prestación de los servicios”, precisó el ministro.

- Modificar la ley 123, de Impacto Ambiental, para que de aquí en más, cuando se proyecten edificios de más de seis pisos, sea obligatorio realizar un estudio de impacto previo a su autorización. Actualmente, la norma sólo exige este requisito para las construcciones de 10 pisos o más.

- Reglamentar la ley del ruido, una asignatura pendiente del Ejecutivo, que debe establecer, entre otras cosas, los horarios en que las empresas constructoras podrán trabajar. (Una de las quejas de los vecinos es que algunas constructoras trabajan en horarios nocturnos.)

- Refuerzo del control de las obras en construcción, a través de la Dirección de Fiscalización y Control de Obras y Catastro.

- Lanzamiento de una convocatoria a foros barriales, con participación de la Legislatura, para dar participación en los vecinos en la redacción de nuevas normativas en el Código de Planeamiento Urbano.

Schiavi presentó las propuesta ante los presidentes de cuatro bloques de la Legislatura: Alvaro González (presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano), de Juntos por Buenos Aires; Fernando Cantero, del ARI; Juan Manuel Olmos, del Frente para la Victoria, y Rodrigo Herrera Bravo, de Compromiso para el Cambio, además del vicepresidente primero de la Legislatura, Santiago de Estrada.

Hubo una propuesta del gobierno que no fue aceptada por los legisladores: la de resolver el problema mediante la sanción del demorado Plan Urbano Ambiental, la ley marco que fija el perfil edilicio de la ciudad. El Ejecutivo propuso enviar el proyecto –cuya redacción todavía no está terminada– antes de fin de año, pero los diputados sugirieron que la propuesta se envíe el año próximo “ya que este año ya no hay tiempo para tratarla y si ingresa ahora el proyecto perdería en 2007 su estado parlamentario”, explicó el diputado González. “Además, el Plan Urbano Ambiental es una ley estratégica para toda la ciudad y este es un problema coyuntural que afecta a cinco o seis barrios”, agregó.

En cambio, lo que se resolvió es estudiar modificaciones puntuales en el Código de Planeamiento Urbano, la norma que establece qué superficie y con qué altura se puede construir en cada zona de la ciudad. Como la modificación de esta ley requiere una doble lectura, deberá convocarse a una audiencia pública, por lo que los foros barriales que prevé convocar el gobierno jugarían el papel de instancia preliminar. Todo indica que esa modificación de fondo demandaría varios meses, por lo cual aún no se sabe qué pasará después de los 90 días de suspensión que marca el decreto.

¿Por qué se resolvió que sean esos barrios y no otros los elegidos para suspender los nuevos trámites de permisos de obra? “Son los que registran un crecimiento en los permisos de obra del 2 por ciento de la superficie construida por año, cuando el promedio de la ciudad es de 0,8”, explicó Schiavi a este diario.

La suspensión de los trámites para nuevos permisos de obras generó críticas desde sectores de la industria de la construcción: dijeron que la medida generaba inseguridad jurídica para los inversores. “Queremos que la ciudad crezca, pero que el crecimiento sea sustentable”, replicó el ministro Schiavi. Los vecinos instalaron el tema, que ya se metió en la agenda política: de aquí en más y por un tiempo, Buenos Aires debatirá cuánto y cómo quiere crecer.