Miró su reloj y vio que marcaba las 10.30. Era hora de bajar del auto, trepar las escalinatas de la Facultad de Ingeniería y ser repelido por los estudiantes de la FUBA. Aníbal Franco, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), sabía que todo eso iba a pasar porque ya había pasado, pero quería cumplir con la formalidad. Cumplió. Y anunció que la sesión del Consejo Superior, que él debía presidir allí mismo, quedaba suspendida. Cosa rara: en ese preciso momento, la reunión que él suspendía se estaba desarrollando en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, a puertas cerradas pero con más de veinte consejeros adentro, incluida la totalidad de los decanos. Ahí, con 19 votos a favor, se aprobó la convocatoria a la asamblea que debe elegir rector, el próximo lunes 18, a las 9, en el Salón Azul de la Cámara de Diputados –recién habilitado por el Gobierno–, sin público y bajo un operativo de seguridad a cargo del Congreso.

Apoyada por el gremio AGD y otros docentes autoconvocados, la FUBA calificó de “completamente fraudulenta e irregular” la reunión de los consejeros en Farmacia. “Este bochorno muestra que se preparan para que haya un nuevo Hospital Francés en la UBA. Con la policía y las patotas, el Gobierno prepara una nueva Noche de los Bastones Largos contra los estudiantes”, sentenció Agustín Vanella, consejero estudiantil. En el entorno del vicerrector también consideraban “un mamarracho” la reunión. Pero Franco prefirió ser más cauto: “No voy a abrir juicio por ahora. Yo cumplí con la reglamentación y esperé hasta las 10.30 para ver si se podía sesionar en Ingeniería como correspondía... Sólo puedo decir que los decanos por lo menos no respetaron los plazos”, le dijo a Página/12, ayer por la tarde. En el mismo diálogo aseguró no haber renunciado, tal como sus propios colaboradores anunciaban pocas horas antes: hubo una evidente marcha atrás, por ahora.

“La reunión fue absolutamente legal y válida, contó con la mayoría de los consejeros”, defendió Rubén Hallú, el candidato a rector postulado por la mayoría de los decanos. “Si alguien quiere hacer una presentación judicial, que la haga –desafió Jaime Sorin, candidato a vicerrector–. Ya iban tres sesiones que no podíamos reunirnos y nuestra responsabilidad es que la UBA siga funcionando.” Ante los cuestionamientos a la legalidad de la sesión, los decanos argumentaron que tuvo un carácter “de emergencia” dada la “anormal situación” que atraviesa la universidad desde abril, cuando comenzó el boicot estudiantil. Reclamando que la universidad se democratice mediante una reforma estatutaria, la FUBA frustró desde entonces cinco asambleas y otras tantas sesiones del Consejo Superior.

Para convocar al sexto intento de asamblea, como primer tema a tratar, el Consejo debía reunirse ayer, a las 9, en el rectorado. Si la FUBA lo impedía –como había anunciado–, la sesión podía pasar para las 10, en Ingeniería. Una picardía: esa facultad tiene tres sedes y no se especificaba en cuál se haría la reunión. La maniobra fue inútil. Organizadas, en la noche del miércoles las agrupaciones de izquierda (PO, MST, PCR, PTS, Izquierda Socialista) ya ocupaban Ingeniería por triplicado y, a la madrugada, también el rectorado. En realidad, no tomaron las sedes, mantuvieron un piquete selectivo ante cada puerta, sólo cerrado para decanos y consejeros. Entre gritos y cantos, ese bloqueo impidió el ingreso de los consejeros en Viamonte 440: bloqueo simbólico, porque nadie siquiera intentó entrar, apenas un par de decanos rondó la esquina. Así que Franco –que estaba adentro porque había llegado antes de las 7– se fue directamente para Ingeniería, en cuya puerta rebotó a las 10 y media hora después. Ningún otro consejero remedó su tentativa.

En simultáneo, la crisis de la UBA continuaba en otro escenario. Sabiendo que las sedes “reglamentarias” para sesionar ya no eran accesibles, la mayoría de los decanos buscaba alternativas, primero en una confitería, más tarde en Farmacia. Allí fueron llamados unos cuantos consejeros, una vez que se decidió intentar sesionar de todas maneras. Cuando ya habían llegado alrededor de veinte, el decano anfitrión, Alberto Boveris, cerró las puertas del edificio justo mientras llegaban tres camionetas repletas de militantes de la FUBA, que venían del rectorado. Los estudiantes denunciaron luego que hubo golpes y forcejeos; los decanos lo negaron.

La sesión debía presidirla el vicerrector. Hallú dijo que lo llamó y que Franco le dijo que no iría. Franco, por su parte, dijo que nunca le informó que iban a sesionar. En su ausencia, le tocó presidir a Boveris, el decano de mayor edad presente. La reunión empezó poco antes de las 10, sin prensa ni público. Faltaban el decano de Medicina, Alfredo Buzzi, un consejero profesor (ambos llegaron luego), un graduado y cuatro estudiantes. “Esta es una sesión de emergencia del Consejo Superior”, fueron las primeras palabras de Boveris –según contó luego– para que constara en actas la excepcionalidad del acto. Puso en consideración la convocatoria a la asamblea, con la elección del rector como primer punto y, como segundo, la reforma de los estatutos. Se alzaron 19 manos a favor, una en contra (el vicedecano de Derecho) y una marcó su abstención (la decana de Psicología, Sara Slapak). Después, en escasa media hora, con las huestes de la FUBA golpeando para entrar, se trataron 1332 páginas de resoluciones, nuevo record de eficacia para el Consejo.