Los dirigentes de la Sociedad Rural cuestionaron ayer las cifras difundidas por el Gobierno sobre la rentabilidad del campo al asegurar que los productores que se dedican exclusivamente a la ganadería “trabajan a pérdida” desde que en abril se fijaron precios de referencia para la hacienda. Para justificarlo presentaron un informe donde se destaca que el costo de producción del novillo en seis modelos de inversión diferentes supera los 2,40 pesos por kilo, valor sugerido por la Secretaría de Comercio Interior para las transacciones que se realizan en el Mercado de Liniers. La entidad difundió además una propuesta para intentar destrabar el conflicto que motivó el lockout empresario. Ayer no hubo operaciones en el mercado de Mataderos, como es costumbre los jueves, y los frigoríficos faenaron apenas 6284 cabezas luego de tres días de fuerte actividad.

Los costos de producción en el modelo de inversión más barato presentado por el Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Rural es de 2,46 pesos por kilo vivo de novillo y se basa en un esquema que contempla un 80 por ciento de superficie dedicada a pastura, un 20 por ciento de verdeo de invierno y suplementación de rollos, sin agregado de vitaminas ni granos. En los otros cinco modelos se supera esa cifra hasta llegar incluso a 2,60 por kilo vivo en uno de los casos.

El dato contrasta fuertemente con el costo de 1,30 pesos por kilo vivo de novillo difundido por el Gobierno. Al ser consultado sobre la diferencia entre ambas cifras, Luciano Miguens, presidente de la entidad, aseguró que “no sé de dónde salen los cálculos oficiales, pero nosotros no manipulamos la información”. Página/12 le preguntó por qué habían convocado a una huelga recién ahora si pierden plata desde abril y el dirigente respondió que “luego de la caída de casi 30 por ciento experimentada en Liniers a mediados de año, el precio se venía recuperando y el productor iba a empezar a tener rentabilidad, pero en las últimas semanas el Gobierno decidió ponerle freno al repunte en lugar de abocarse a garantizar el valor de los doce cortes de mayor consumo en el mostrador”.

Los productores afirman que la intervención del Gobierno en el mercado de la carne provocó una transferencia de recursos desde el sector primario a otros eslabones de la cadena, pues la baja de los precios en Liniers sólo se trasladó en parte al consumidor. La acusación es cierta, pero esa intervención no comenzó en noviembre, sino en abril, con la resolución firmada por el secretario de Comercio, Guillermo Moreno.

El viernes 17 de noviembre, Moreno distribuyó informalmente entre los frigoríficos un nuevo listado de precios sugeridos, generando indignación en los ganaderos, pero ese listado elevó los precios de la resolución de abril, la cual nunca se había derogado. Por lo tanto, la nueva intervención implicaba una mejora para los productores. El rechazo se debió a que los empresarios rurales ya descontaban el incumplimiento de la norma establecida en abril para recuperar sus márgenes, pero no a una nueva restricción, pues ni siquiera las exportaciones de carne sufrieron una mayor limitación.

Por ese motivo, lo que piden ahora no es revertir las medidas de las últimas semanas, sino terminar con la intervención gubernamental en los mercados. En el caso de la carne, la Rural propone un cronograma para llegar a la liberalización de las exportaciones a fines de 2007, mantener la reducción del peso mínimo de faena y “no intervenir en los mercado de hacienda, ni establecer precios de referencia”. Para los cereales también se reclama eliminar los precios sugeridos y establecer una compensación directa por parte del Estado a los sectores que tienen como insumo principal esos granos. Según la entidad, los ingresos extra percibidos en concepto de retenciones y otros impuestos permitirían afrontar el subsidio sin tener que aplicar “distorsiones” en los mercados. Los dirigentes rurales aseguran que así se podría conseguir “más carne y más pan” sin que haya aumentos de precios.