La flamante empresa estatal Arsat firmó ayer un contrato con Invap, otra firma pública pero de más trayectoria, para que ésta produzca el primer satélite de comunicaciones argentino destinado a ocupar una de las dos posiciones que el país tiene asignadas en el espacio. Para el responsable de aquella firma estatal y otrora gobernador mendocino, Rodolfo Gabrielli, esa ocupación tiene el prioritario objetivo “estratégico” de reforzar la soberanía también en las alturas. Sin embargo, hay indicios de que con una buena administración, la operación de esas máquinas celestes puede convertirse también en un negocio lucrativo.

Por el momento, el ministerio de Julio De Vido prevé un presupuesto de 500 millones de pesos a desembolsar en cinco años para la tarea que les acaba de encomendar a los técnicos de la rionegrina Invap, que ya concretó la hazaña de proveer reactores nucleares a países del primer mundo y también fabrica satélites de observación, aunque todavía no incursionó en el rubro de comunicaciones. El nuevo encargo supone varias etapas diferentes, que comienzan con el desarrollo del proyecto y terminan con el lanzamiento, cinco años después: en el 2011 el aparato de diseño y fabricación caseros estaría en condiciones de comenzar a orbitar.

Si bien se trata de un emprendimiento íntegramente estatal y, por consiguiente, a priori costeado con recursos públicos, los responsables de esta iniciativa no descartan que a medida que el proyecto avance pueda conseguirse financiamiento en el mercado para alivianar así la exigencia inmediata sobre la caja de esa cartera. Aunque a juzgar por la progresión que tienen los fondos asignados al ministerio de De Vido, no habría por qué imaginar ninguna eventual estrechez.

La estrategia oficial es ocupar las dos posiciones asignadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones a la Argentina con satélites propios que también sean operados por Arsat. La síntesis sería: operación, kwow how y propiedad de las máquinas íntegramente estatal.

La número 82 puede perderse si no se ocupa antes de fin del año próximo aunque sea con un satélite transitorio, tal como hará Arsat para mantener ese lugar. La 72 está ocupada por Nanuel 1, que puso en órbita Nahuelsat, un consorcio de empresas europeas que ganó la licitación en la década pasada. El interés de Gabrielli apunta también hacia aquí y hoy existen negociaciones con esa firma extranjera para que Arsat –empresa en pañales, que comenzó a operar en junio– pueda recuperar el manejo total de la posición.

Para no entorpecer el proceso, Gabrielli prefiere mantener en reserva los términos de esa discusión con los europeos que, de llegar a buen término, dejaría bajo la administración de De Vido una interesante caja adicional. Nahuelsat hoy presta servicio de comunicaciones a los principales clientes del país y con ello factura cerca de 15 millones de dólares al año. Según se entusiasman los promotores de la reestatización del sitio, ese monto podría crecer rápidamente a 20 millones, aunque para ello sería necesario utilizar a full los 1000 megahertz de capacidad que tiene el satélite y tener la destreza necesaria para la prestación técnica que requiere el servicio.

Esa base de cálculo sugiere un negocio auspicioso a concretar en los diez años de vida útil que tienen esos aparatos. Según estima Arsat, la puesta en órbita entraña en total unos 140 millones de dólares –20 millones de desarrollo, 60 de construcción y otro tanto para lanzamiento y seguro–. Con aquel ingreso posible y haciendo números gruesos, en diez años el Estado podría recuperar la inversión y tener un remanente. “No lo vemos como un negocio sino como un recurso estratégico de soberanía”, insiste Gabrielli.