Todo el consenso que generó el debate de la nueva ley nacional de Educación entre los senadores se quebró ayer en Diputados. Los bloques opositores llegaron por la mañana cargados de opiniones y sugerencias a la reunión conjunta de las comisiones de Educación y Presupuesto de la Cámara baja para discutir algunos aspectos del proyecto. Pero se encontraron con un oficialismo concentrado en conseguir las firmas para el dictamen de mayoría y dispuesto a bloquear cualquier intento de modificación del texto aprobado por el Senado. Después de dejar sentadas sus quejas, los radicales se retiraron de la reunión. La UCR, el ARI y PRO irán el miércoles que viene al recinto con propuestas propias.

“Esto es una parodia porque sabemos que no vamos a poder hacer ninguna modificación y ni siquiera se tuvo en cuenta el trabajo que realizamos desde principio de año”, se quejó el santafesino Hugo Storero cuando los radicales emprendieron el éxodo de la reunión. “No tiene inyección monetaria suficiente, ya que hay un déficit de 10 mil escuelas, se anunció la construcción de 700 y construyeron 120”, cargó la chaqueña Olinda Montenegro, autora del proyecto educativo radical. “Obliga a las provincias a invertir el 6 por ciento del PBI, pero va en contradicción de la propia ley de responsabilidad fiscal que el oficialismo impuso a las gobernaciones”, remarcó la rionegrina Cinthya Hernández.

El ARI también mostró su disconformidad. “La ley tuvo alguna aproximación al debate en las escuelas, pero no dispuso de tiempo ni profundidad de un debate amplio sobre la problemática educativa. Tampoco lo quieren discutir en el Congreso”, dijo a Página/12 la ex dirigente docente Marta Maffei. El partido de Elisa Carrió cuestionará la “falta de un proyecto de país al que se pueda acoplar la educación”; además de cuestionar el “escaso aporte de la Nación” a la educación básica, que “vuelca en las provincias casi toda su responsabilidad”.