Mientras avanza la organización de la asamblea de la Universidad de Buenos Aires, la dirigencia estudiantil de la FUBA anunció que recurrirá a la Justicia y que el lunes hará una manifestación junto a organizaciones sociales para intentar detener la elección del rector. La semana pasada, después de una cuestionada sesión del Consejo Superior, la petición de 140 consejeros profesores, graduados y alumnos confirmó que el sexto intento del año por reunir la asamblea universitaria se hará en el Congreso, sin público y bajo un operativo de seguridad.

Para que se complete formalmente la convocatoria, sólo falta que Aníbal Franco, vicerrector, notifique a los 236 asambleístas (y sus suplentes). El anuncio debe preceder en al menos cinco días a la sesión, por lo que debería hacerlo a más tardar mañana. El vicerrector, que la semana pasada estuvo a punto de renunciar, no tomó ninguna determinación ayer. Aunque decida no validar el llamado realizado por el Consejo el jueves pasado –en una sesión sin su presencia y que él había dado por suspendida–, sí debería formalizar la convocatoria solicitada por las 140 firmas.

La asamblea está prevista para las 9 del lunes 18, en el Salón Azul del Congreso. Al realizar la asamblea fuera de la universidad, los decanos delegaron todo el control de la sesión en el personal de seguridad del edificio. “Nosotros nos vamos a limitar a sesionar ahí”, resumió en diálogo con Página/12 Rubén Hallú, decano de Veterinarias y único candidato a rector por una fórmula de consenso también integrada por Jaime Sorín, decano de Arquitectura.

El ingreso de los asambleístas se haría por la puerta de avenida Rivadavia, a media cuadra de Entre Ríos. Seguramente estará cortado el tránsito y habrá un vallado perimetral, con un acceso en la esquina. No se habilitará el acceso del público. En el salón apenas habrá espacio disponible para los asambleístas y, según se informó, la prensa. Durante esta semana, la universidad informará al personal del Congreso el nombre de los asambleístas autorizados a entrar. Los decanos habían solicitado que, dado que la asamblea debería ser pública, se dispusiera un sistema de cámaras y pantallas para transmitir la sesión en vivo, pero, finalmente, sólo se dispondrían parlantes en el exterior del edificio.

“Vamos a hacer una presentación judicial para impugnar la sesión del Consejo Superior”, anunció ayer Agustín Vanella, consejero estudiantil y dirigente de la FUBA. “La sesión del jueves se realizó en una sede que no figuraba en la convocatoria, a nosotros no nos avisaron del cambio de sede y, cuando nos enteramos, no nos dejaron entrar.” Además, las agrupaciones de izquierda que encabezan la federación (PO, MST y PCR) van a lanzar esta semana una campaña pública para denunciar que “se hizo una convocatoria trucha para consumar una truchada aún mayor en complicidad con el Gobierno”, según el consejero Santiago Gima, quien confirmó que la FUBA se va a movilizar el lunes. Aunque definirán hoy en una reunión las medidas a tomar, los dirigentes estudiantiles planean realizar un abrazo al Congreso. Para eso, están llamando a participar a los universitarios y otras organizaciones sociales.

Con reclamos afines a los de la federación, también docentes y profesores “autoconvocados” acusaron a los decanos de “vulnerar todas las normativas para evitar una salida por la vía de la democratización de la universidad”.

Ante los cuestionamientos, Hallú defendió la validez de la sesión del consejo: “La legalidad está dada porque había un quórum superior al necesario. Lo único que se puede cuestionar es la sede donde se realizó. Pero había suficiente causa para hacer la sesión en un lugar que no estaba previsto, ya que un sector había manifestado su voluntad de impedirla –dijo–. En última instancia, el problema es la convocatoria a la asamblea y la asamblea es indiscutible, porque fue convocada por el Consejo Superior y también por el petitorio de 140 asambleístas. Como la asamblea está garantizada por los dos mecanismos, no tendría sentido que alguien invalide todo lo actuado por el Consejo”. La referencia de Hallú apuntaba a los cientos de expedientes tratados por el cuerpo, cuyo trámite es aún incierto: una alternativa que analiza el vicerrector, sin rechazarlos de plano ni tampoco aprobarlos, es darles curso ad referéndum, para que sea el futuro rector, o el propio Consejo en una sesión ordinaria, el que apruebe las resoluciones.