Después de que los rectores universitarios consensuaran sus propuestas para modificar el marco normativo de la educación superior, las principales fuerzas estudiantiles comenzaron a plantear sus diferencias: para empezar, tanto Franja Morada como las agrupaciones kirchneristas y las de izquierda, pese a sus discrepancias políticas, anunciaron que buscarán la derogación y el reemplazo de la vigente Ley de Educación Superior (LES), sancionada en 1995. Como se informó, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) no se había pronunciado al respecto, ya que algunos rectores aspiran a que la LES sólo sea reformada. Además, los alumnos pretenden que exista igualdad en la representación de docentes y estudiantes en el gobierno de las casas de estudios.

El radicalismo estudiantil de Franja Morada mantiene la presidencia de la Federación Universitaria Argentina (FUA) desde que la democracia volvió a instalarse en el país. Actualmente es conducida por el marplatense Mariano Marquínez, para quien “es muy positivo que la comunidad universitaria esté discutiendo. Y sobre lo que tenemos una absoluta certeza es que creemos que hay que derogar la ley, porque la génesis misma de la norma es contradictoria”. Sobre el documento del CIN estimó que contiene “demasiadas vaguedades. Esa es la posición de los rectores y no representa a la comunidad universitaria”.

Entre las diferencias puntuales, remarcó: “Nos manifestamos por la gratuidad del grado y del posgrado. A diferencia del CIN, entendemos que las temáticas del ingreso, la permanencia y el egreso no pueden quedar a disposición de cada universidad, ya que se trata del derecho a la educación. En lo referente a la evaluación, entendemos que debe suprimirse la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) y generarse una agencia integrada por todos los claustros y autónoma del poder político”.

Promulgada bajo el gobierno de Carlos Menem, en un proceso que fue rechazado por numerosas manifestaciones de la comunidad universitaria, la LES fue desde entonces cuestionada por canalizar un enfoque neoliberal, permitir la instrumentación de aranceles en la carreras de grado, avanzar reglamentariamente sobre la autonomía y habilitar los cupos en el ingreso. El reclamado proceso de reforma fue llamado para este año por el Ministerio de Educación. Según se informó desde la cartera que encabeza Daniel Filmus, se presentará un proyecto de ley ante el Congreso, tras consultar a los principales actores de la universidad pública. La definición recién llegaría para fin de año, después de las elecciones.

Como primera fuerza opositora en la FUA se ubica un frente de agrupaciones kirchneristas: como secretario general de la federación, el mendocino Sebastián Tapia sostiene que el debate pasa por “definir qué universidad pretendemos y debemos tener en un modelo de país que se está transformando... Hace falta contemplar una nueva relación entre la universidad y los problemas de desarrollo del país”. Los estudiantes K establecen cuatro ejes: “Desarrollo económico adecuado a un modelo de país productivo; justicia social, para lograr la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia en la universidad; integración regional, agrupando esfuerzos conjuntos y potenciando las fortalezas y formación de dirigentes políticos, para... revalorizar la política como instrumento de transformación”. Como ejemplo, Tapia se refirió a “un productor de San Martín de Mendoza que ve destruida su cosecha por el granizo. Ese hombre sostiene la gratuidad de la enseñanza pagando impuestos, pero no recibe la devolución científico-técnica que debería tener”.

Desde las agrupaciones estudiantiles de izquierda, Martín Bustamante, dirigente de la FUBA por la CEPA (PCR), afirmó que la principal preocupación que debería contener la futura ley es “el tema presupuestario. No puede estar atado a un techo como propone la Ley de Financiamiento Educativo”. Y añadió: “Rechazamos la Coneau y la limitación del ingreso. Fuimos protagonistas de la lucha del centro de estudiantes en La Plata. Pero la solución tampoco es el CBC de la UBA, porque no puede haber ciclos generales separados de las carreras. Y, por supuesto, hay que excluir la posibilidad de arancel de las universidades, ése es un derecho que ganamos con la lucha de los docentes y los estudiantes que nadie nos va a poder quitar”. Sobre el punto referido al cogobierno, destacó que “la lucha estudiantil en la UBA, La Plata, Comahue o Rosario impuso el debate acerca de la escasa representatividad que tiene la forma actual”. Con algunas diferencias, todas las fuerzas estudiantiles consultadas se mostraron a favor de que se tienda a una representación al menos equivalente entre docentes y alumnos en los cogobiernos.