Desde Salta

Lo dijeron a su manera, con términos de expediente y rodeos dignos de la casta, pero el mensaje quedó: los jueces quieren más presupuesto para su trabajo y, sobre todo, pretenden manejarlo a piacère sin tener que pedirle permiso al Gobierno cada vez que lo quieren usar. “La autarquía hace a la independencia y la autarquía hoy no es real”, advirtió la jueza de la Corte Suprema Carmen Argibay, exhausta al promediar el primer día de la Conferencia Nacional de Jueces. El ministro de Justicia, Alberto Iribarne, que se veía venir el reclamo, aprovechó que le tocaba hablar en el acto de apertura y se anticipó: en los últimos cuatro años, aseguró, se duplicó el dinero para el Poder Judicial y en todo caso, provocó, “es necesario mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos”. El presidente del alto tribunal, Ricardo Lorenzetti, se mordió la lengua para evitar un encontronazo público, pero devolvió la gentileza con diplomacia.

“Seguramente lo que salga de acá no sea lo que piensan los otros poderes del Estado, pero tenemos que dialogar”, dejó picando.

El megaevento de togas es una creación de la Corte Suprema, pero sobre todo lleva el sello de su titular, que se muestra obsesionado con lograr “un sistema judicial más eficiente” y que conecte con las demandas y críticas de “la sociedad”. Esta es la segunda Conferencia Nacional, pero la primera en la que los jueces aceptaron –tras duros tironeos– abrir las puertas para que la prensa presencie sus debates y su catarsis. Ayer hubo también discursos polifacéticos, donde los mismos que promueven importantes cambios revelan cierta resistencia. “La crisis no está en los jueces sino en el sistema”, defendió a los suyos Domingo Sesin, miembro del superior tribunal de Córdoba y timón de la Junta Federal de Cortes. “La principal función que tenemos es controlar a los otros poderes, y exigirles que respeten nuestra independencia”, proclamó el camarista civil y comercial Ricardo Recondo, presidente de la Asociación de Magistrados.

Los jueces eran tantos, casi 600, que quedaban algo amontonados en el hall gigantesco de un centro de convenciones provincial que estaba de estreno. Señoras enfundadas en gasas y brillos, luciendo tacos importantes y peinados de peluquería, y señores con trajes relucientes y zapatos destellantes. Edades promedio: cincuenta para arriba. Más varones que mujeres. Una rotunda mayoría de magistrados del interior del país. De la Corte, además de Lorenzetti y Argibay estaban Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. Del fuero federal porteño hubo un sólo camarista, Gabriel Cavallo, y los jueces Julián Ercolini, Sergio Torres y Ariel Lijo. La bienvenida se extendió durante una hora y media en la que funcionarios y jueces se turnaron en el atril. La de Lorenzetti pintaba como la exposición más esperada. Pero fue la última. Antes el ministro Iribarne mezcló: la “vigencia de los derechos humanos”, la seguridad como responsabilidad “de los tres poderes” y las felicitaciones a una jueza laboral que ganó el premio a la calidad (lo que desató comentarios con celos en la platea). Dijo que en los últimos cuatro años el presupuesto judicial pasó de 825 a 1643 millones de pesos y que los jueces deberían administrarlo mejor. De despedida, anunció que su prometido proyecto de reforma procesal para acelerar juicios está en la recta final.

En el ínterin, el gobernador salteño, Juan Carlos Romero, aprovechó sus diez minutos para pasarle una factura al Consejo de la Magistratura, acusarlo de permitir “vacantes prolongadas” –como en su provincia– y de “generar inestabilidad”. Abel Fleming, de la Federación Argentina de la Magistratura, tras largos minutos de dedicatorias, dijo que la “realidad” de las justicias provinciales “agobia” y que “no puede haber jueces de primera y de segunda”.

Cuando Lorenzetti habló, por fin, comparó al Poder Judicial con una empresa u organización. La diferencia, dijo, “es que no controla la demanda”, “no establece su propio presupuesto” y “ni controla la designación de sus integrantes”. “En estas condiciones las organizaciones normalmente no pueden funcionar, pero esto es el diseño constitucional”, refunfuñó. Para matizar los comentarios de otros jueces dijo que la responsabilidad de que mejorar la Justicia pasa por una “política de Estado clara y coincidente” de los tres poderes. “Necesitamos más jueces”, reclamó como salida a demoras. Llamó, una vez más, a reducir la excesiva “litigiosidad”. “Vamos a trabajar en el tema presupuestario que forma parte de la independencia judicial”, fue su anuncio del que se convertiría en uno tema clave del día.

Después de unas empanadas regionales, unas tapas con jamón crudo y unos pinchos de carne, entre copas Sus Señorías se empezaban a desacartonar. Y alguno que otro proclamaba “el fin de la era en que los jueces sólo hablan por sus sentencias”. Entrada la tarde y desafiando la siesta, se repartieron en tres talleres sobre independencia, gestión y acceso a la justicia. Unos cuantos se amucharon en el primero, coordinado por Carmen Argibay, que de entrada planteó que el Poder Judicial tiene el problema de que no puede usar su propio dinero sin autorización del jefe de Gabinete. “No podemos encarar construcciones ni mudar la morgue judicial, ni comprar edificios”, gruñó en declaraciones a la prensa.

Para los detalles técnicos del tema Argibay hizo pasar al frente al Administrador General de la Corte, Nicolás Reyes, quien se disculpó porque pocas veces había hablado en público. Igual fue contundente: “Si bien hubo aumento de recursos –dijo–, el Poder Judicial no está satisfecho en lo mínimo indispensable.” El porcentaje del presupuesto nacional que le toca a la Justicia era más alto en 1994 que ahora, señaló. “Para colmo el Poder Ejecutivo nos autoriza a gastar lo que cree que se debe gastar y tenemos sin poder ejecutar 700 millones de pesos.”