El juez Alfredo Bisordi renunció a la presidencia de la Cámara de Casación. No fue por las denuncias que le hicieron los organismos de derechos humanos por demorar los juicios contra los represores. Ni por la embestida en su contra que hizo el gobierno nacional. Tampoco porque sus colegas se lo pidieran, como lo hicieron en marzo. Fue porque sus compañeros se negaron a ascender a su sobrina y a su mujer. Cuando el miércoles se enteró de que esos nombramientos estaban trabados, tuvo un arranque de bronca y escribió una carta de puño y letra con críticas a otros jueces. Al día siguiente –ayer– presentó su renuncia “indeclinable” con su estilo característico: dijo que tenía “un profundísimo sentimiento de aversión respecto de la mayoría de los miembros del tribunal” y que los consideraba sus “enemigos”. Bisordi seguirá integrando la Cámara de Casación, pero no tendrá responsabilidades institucionales ni administrativas.

En Tribunales ya califican el asunto como un culebrón. Y lo curioso es que está documentado, ya que existen actas que permiten seguir el episodio.

Los enfrentamientos dentro de la Cámara de Casación están a la orden del día desde que el tribunal fue criticado por el Gobierno por trabar las causas por violaciones a los derechos humanos de la última dictadura. Varios integrantes de ese cuerpo querían despegar su imagen de la del juez que calificó a una sobreviviente de la ESMA como “delincuente terrorista”. Finalmente, el enfrentamiento estalló ayer.

Según los documentos a los que accedió Página/12, el martes pasado la Cámara de Casación realizó un acuerdo de superintendencia en el que se trató la designación de dos personas para cubrir dos puestos en forma interina. Bisordi había propuesto que María Dolores Carbia, secretaria privada de la vocalía 4, pasara a ser prosecretaria administrativa interina de la misma vocalía. Y que Déborah Betiana Silva, oficial de la secretaría general, ocupara el cargo que dejaba Carbia.

El conflicto comenzó cuando el juez Gustavo Mitchell dijo que prefería no suscribir la resolución, porque consideraba que los puestos debían ser cubiertos por quienes “tuvieran el cargo inmediato inferior, sus antigüedades y antecedentes”. Luego, los magistrados Raúl Madueño y Eduardo Riggi informaron que retiraban su apoyo a las designaciones porque habían advertido que faltaban las propuestas de designación firmadas por el juez, es decir, por Bisordi. También señalaban que era conveniente esperar la prórroga de la licencia de la persona cuyo cargo se estaba cubriendo, ya que de otra forma las designaciones serían sólo por un par de días.

Enterado del asunto, Bisordi hizo que el secretario de la Cámara escribiera un acta con los pormenores del caso y con su descargo. Allí señalaba que en muchas oportunidades se habían hecho designaciones sin cumplir “estrictamente las disposiciones escalafonarias” y aseguraba que Mitchell quería en realidad lograr la designación de su hijo (a quien le hubiera correspondido el cargo si se respetaba el escalafón). Finalmente, informaba que dejaba sin efecto las propuestas, “porque parece que ni siquiera puede elegir a sus colaboradores de confianza”.

La respuesta provino de Riggi. En una nota fechada el miércoles y dirigida al secretario de la Cámara, explicitó que los nombramientos en cuestión correspondían a “la sobrina” (Carbia) y “la señora” (Silva) de Bisordi y repetía las razones por las que había decidido no respaldar los ascensos (la falta de una propuesta formal). Agregaba que no había “pretendido constituir una ofensa ni menoscabo alguno a la investidura del señor presidente del cuerpo”, a quien –dijo– “se le reconoce y respeta plenamente su derecho en las condiciones reglamentarias vigentes a proponer y designar a todos sus colaboradores inmediatos”.

Bisordi entró en cólera al recibir el mensaje. Le molestó, por ejemplo, que estuviera dirigida al secretario del tribunal. “Debe saber que aún ejerzo la presidencia de la Cámara, aunque secretamente se hubiese reunido con los jueces (Juan) Fégoli, (Raúl) Madueño, (Pedro) David, (Juan Carlos) Rodríguez Basavilbaso, (Liliana) Catucci y (Angela) Ledesma en el despacho del primero y a partir de las 10.10 horas de la fecha para urdir el trámite de mi destitución”, señaló.

“En cuanto a las alusiones de mala fe y pésimo gusto que usted desliza en cuanto a que las promociones alcanzaban a mi sobrina y a mi mujer –no a mi ‘señora’ pues aún no tengo vínculo legal con Déborah Betiana Silva como a usted le consta sobradamente– son una muestra más de la sinceridad con la que actué, no del encubrimiento de un ‘desapego reglamentario’”, escribió Bisordi. Así, el juez explicaba por qué había decidido no firmar los nombramientos (pero sí deseaba que lo hicieran sus colegas).

Después de este lucido intercambio de escritos, llegó ayer la renuncia de Bisordi. Allí, el ex presidente de la Cámara de Casación aludió a “actos ofensivos contra” su persona, a la “impertinente nota del juez Riggi” y volvió a acusar a sus compañeros de “tramar” su destitución en un acuerdo extraordinario. “Se ha generado en mí un profundo sentimiento de aversión respecto de la mayoría de los miembros del tribunal”, señaló.

De cualquier modo, Bisordi seguirá compartiendo el trabajo con sus “enemigos”. Sólo que ya no será presidente del segundo tribunal en importancia del país. Y todavía tiene que hacer frente a la acusación que sigue adelante en el Consejo de la Magistratura. Allí está acusado, junto con Gustavo Hornos, Ana María Capolupo de Durañona y Vedia y Riggi de obstruir las causas contra los represores de la última dictadura. El dictamen en su contra no saldrá antes de las elecciones del 28 de octubre, pero podría llegar antes de su jubilación, que se produciría en febrero del año próximo.

El ministro de Justicia, Alberto Iribarne, se enteró de la decisión de Bisordi en Salta, donde asiste al encuentro de magistrados (ver pág. 8). Estaba con la viceministra Marcela Losardo, representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, quien se mostró especialmente satisfecha con la noticia. “Bisordi ha tenido una actitud tan sesgada y provocadora que ahora, con su renuncia a la presidencia, va a mejorar la relación de la Cámara de Casación con el resto del Poder Judicial y el Consejo de la Magistratura”, dijo a Página/12 el ministro.