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El debate para modificar o reemplazar a la actual Ley de Educación Superior (LES) ya incluye propuestas de diferentes actores e instituciones del sistema universitario. En la Cámara de Diputados, el peronista Alberto Cantero Gutiérrez (FpV), ex rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto y ex presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), presentó un proyecto en el que “se prohíbe lisa y llanamente el arancelamiento de las universidades nacionales”, se destina el 6 por ciento del presupuesto nacional al sistema universitario y se vincula a las casas de estudios con las necesidades del país, mediante un marco normativo “menos reglamentarista” que el vigente.

–La gratuidad de las carreras de grado fue vulnerada por la ley vigente: ¿está contemplada en su propuesta?

–Esta ley plantea la derogación de la anterior. Por supuesto que la educación debe ser gratuita, está perfectamente claro en el proyecto, lisa y llanamente se prohíbe el arancelamiento en las universidades estatales. Pero el estudiante debe responder a la gratuidad de la enseñanza asumiendo su comportamiento académico, porque la universidad tiene que ser gratuita, pero no gratarola. Si se están usando fondos públicos para garantizar que los jóvenes no sean discriminados por falta de recursos, la contraparte es que tengan rendimientos académicos acordes con la posibilidad que se les brinda.

–¿Su proyecto modifica el marco ideológico inherente a la LES?

–Una universidad nacional siempre tiene que generar un conocimiento y una propuesta comprometida con el desarrollo del país. Fundamentalmente, ponemos la educación superior como la herramienta central que tenemos: la inteligencia al servicio del desarrollo. Antes no era así, se la veía como un insumo profesional con un concepto mercantilista y ahora la proponemos como una inversión estratégica donde reconocemos que la inteligencia que necesita el país está en las universidades. Por eso las financiamos y les pedimos que se integren a la sociedad y al país. Por ejemplo, en la ley se plantea que en cinco años las universidades se pongan a combatir el analfabetismo. Es un ida y vuelta.

–¿Cómo sería la regulación del sistema de las universidades?

–En el proyecto se plantea un artículo con disposiciones transitorias, en donde se debe hacer un acuerdo a cinco años entre el Ministerio de Educación y todo el sistema universitario para su aplicación, que permita su transformación en relación con las necesidades del país. En ese lapso se caminará hasta llegar a ligar un seis por ciento del presupuesto nacional para el sistema de educación superior. Planteamos que por cada dos millones de pesos que tiene la institución debe comprometerse a entregar a los gobiernos con los que se relacione un programa de desarrollo educativo, académico, etc., que le sirva a la comunidad con la que interactúa. Las universidades se tienen que comprometer a graduar no menos del 50 por ciento de los jóvenes que reciben.

–En cuanto a las formas de elección de autoridades, ¿qué método propone?

–Desde el punto de vista de la organización interna planteamos que los mecanismos de elección sean directos y participen los cuatro actores: docentes, no docentes, estudiantes y graduados. Pero tiene que haber un nivel de ponderación que asegure el 50 por ciento de la representación para los docentes. Si queremos formar ciudadanos responsables, participativos y solidarios, tenemos que crear estructuras que reflejen estos conceptos. Pero también se plantea la carrera docente, a la que se ingresará por concursos de oposición y antecedentes, pero se mantiene la estabilidad en el cargo a través de un informe anual de desempeño y su avance en capacitación, investigación, etcétera.

–¿Qué se haría con la polémica Comisión de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau)?

–A la Coneau le cambiamos la orientación. En la ley se consolida la autonomía, pero la autonomía no debe confundirse con soberanía. En ese marco planteamos la autoevaluación en el marco de la autonomía y la evaluación a cargo de la sociedad. Pero cambiamos conceptualmente lo que se evalúa: los planes de desarrollo estratégico que tiene cada institución universitaria, que deben hacerse en el marco de los lineamientos que dé el Consejo de Universidades que conduce el Ministerio de Educación. Cada universidad tendrá las necesidades particulares de cada región, en el marco de autonomía que se garantiza, pero cumpliéndolo. Lo que se evalúa es cómo se va cumpliendo ese plan de desarrollo. Creemos que a partir de la jerarquización del CIN y de los consejos regionales se puede generar una mayor integración de las universidades en el desarrollo del país. El tema de las consultorías por ejemplo. Muchas veces tenemos grandes inversiones orientadas por excelentes consultorías, pero que están vinculadas conceptualmente al negocio financiero transnacional y no a la necesidad de desarrollo integrado del país.