Para algunos sectores empresarios, su sola existencia era “una señal de falta de seguridad jurídica”. Para ciertos sectores gremiales, su derogación era como abrir la puerta a despidos postergados. Desde el punto de vista del Gobierno, más precisamente desde la cartera laboral, ni una cosa ni la otra es cierta. En función de ello, ayer se dio el paso de eliminar, por decreto, la doble indemnización en los despidos sin causa justificada, puesta en vigencia en el marco de la Ley de Emergencia Económica, de enero de 2002. El cambio en las condiciones del mercado de trabajo desde entonces son evidentes, aunque no todos observan el resultado con igual entusiasmo o perspectiva. La feroz pulseada que las cámaras empresarias plantearon para lograr la derogación genera sospechas y desconfianza. Desde el análisis oficial, el objetivo fue más ideológico que práctico. Los sectores sindicales esperan, con desconfianza, cuál será la actitud patronal ahora. Desde las filas empresarias, en tanto, celebran la “flexibilización” de las condiciones para despedir, entre ellas la eliminación de la obligación de acreditar el estado de emergencia laboral antes de un despido masivo, según se ocupan de subrayar.

La doble indemnización (posteriormente rebajada a un plus del 50 por ciento) se proponía proteger a los trabajadores en relación de dependencia empleados a esa fecha, frente a las consecuencias de una crisis económica que, a esa altura, resultaba de alcances impredecibles (retención de depósitos en los bancos, explosiva salida de la convertibilidad, fuga de divisas y una recesión que venía por arrastre de la caída del consumo en el anterior año y medio, a lo que se sumaba la parálisis de la demanda por temor, incertidumbre y falta de efectivo). “Un remedio excepcional ante una situación excepcional”, explican desde los despachos oficiales.

Por algún tiempo, la cúpula empresaria aceptó en silencio, aunque a regañadientes, esta “intromisión” oficial en asuntos que, como el dejar a un empleado en la calle a cambio de la indemnización de ley, era un atributo más del empleador para poder ser “eficiente” en su actividad. La reversión del ciclo económico, particularmente desde mediados de 2003 en adelante, permitió una franca recuperación del empleo, en particular en relación de dependencia (declarado o no por el empleador). La consecuente presión del sector patronal por derogar la doble indemnización fue respondida desde el Gobierno con dos concesiones: una rebaja en la indemnización especial a la mitad (de la doble se pasó a un plus del 50 por ciento) y la fijación de un límite condicionado, según el cual cuando el desempleo bajara del 10 por ciento se eliminaría esa indemnización especial.

Con una situación laboral muy diferente a la de origen, en el último trimestre de 2006 la tasa general de desempleo se ubicó por debajo del 10 por ciento, pero desde el Gobierno se prefirió esperar que la misma se estabilizara por debajo de aquel umbral y que, además, confluyeran a esa baja las mediciones alternativas (considerando desocupados a los beneficiarios de planes sociales que realizaran alguna contraprestación laboral). Con todas estas condiciones cumplidas, en el segundo trimestre pasado, el Gobierno consideró derogada la norma. Y para evitar dobles interpretaciones, lo puso por escrito en el decreto 1224, firmado ayer por el Presidente.

En la conferencia de prensa de ayer, Tomada respondió a los temores sindicales de que esta derogación dé lugar a despidos masivos. “No hay motivo para imaginar ese escenario. Hace 50 meses que hemos dejado atrás una etapa donde lo que predominaba era la destrucción de puestos de trabajo. Además, los actuales montos indemnizatorios, a valores reales, son superiores a los que existían en el 2002, incluso con la doble (indemnización). Hace cuatro años que está vigente un proceso de negociación colectiva que ha mejorado los salarios, por lo tanto ha mejorado las indemnizaciones y en consecuencia la protección de los trabajadores.” Luego ironizó sobre las posturas empresarias que cuestionaban la vigencia de la indemnización especial. “Muchos sectores empresarios han señalado que lo que necesitaban para crear empleo era aclarar este tema de la doble indemnización, inclusive alguno hasta habló de 500 mil puestos de trabajo. Por lo tanto, el Gobierno, que cumplió la condición establecida por la ley, espera que los empresarios tengan ese comportamiento que han ostentado.”

Antes que disposición a cumplir esa promesa, lo que se oía en los representantes empresarios ayer era la satisfacción por deshacerse de un cepo que los atenazaba más desde lo subjetivo que en la práctica. No deben ser muchos los casos de despidos postergados para no tener que pagar un 50 por ciento más de indemnización, pero la sola existencia de ese plus era “un mal ejemplo” que preferían ver desterrado. “Es una pulseada ideológica, más que práctica; es una actitud sistemática y permanente de quienes siguen repiqueteando con los mismos criterios de los 90, según los cuales cualquier regulación estatal atenta contra la eficiencia en el mercado de trabajo”, reflexionó ayer ante este diario uno de los integrantes del Gobierno mejor preparado intelectualmente para analizar el tema.

Desde otra vereda, un asesor de gremios de similar nivel intelectual interpretaba que “el gesto del Gobierno hacia el sector empresario parecería parte de una reformulación de la relación con el capital, una concesión a cambio de la adhesión a una política y un modelo de acumulación”. A cambio de otras concesiones, la cúpula sindical habría convalidado esta norma, agregó la misma fuente. Es decir, condimentos de un acuerdo social que ya estaría dando sus primeros pasos, según esta interpretación.

Con otra realidad que la de 2002, sin tantas debilidades, el mercado laboral enfrenta hoy otros desafíos y dificultades, como el trabajo en negro y la desigualdad en las condiciones laborales por la tercerización. Serán otros instrumentos, distintos a la doble indemnización, los que deban proponerse para enfrentarlo.