Sábado, 22 de marzo de 2014 | Hoy
Por Sandra Russo
Alrededor del feriado del 24 de marzo hubo polémica desde el principio. Ahora, una diputada radical ha presentado un proyecto para derogar la ley 26.085, que lo estableció el 15 de marzo de 2006. El argumento es el mismo que entonces esgrimió casi toda la oposición. Consiste en pretender reconvertir al 24 de marzo en un día hábil, para “evitar su banalización con el miniturismo”. Este año, que cae azarosamente en lunes, puede ser jugada esa carta que ya fue pisada por la explícita inamovilidad del feriado que acompañó su votación. De hecho, hace ocho años, esa votación que en Diputados se zanjó con 123 votos a favor, 36 en contra y 11 abstenciones, fue precedida por una polémica idéntica, en la que los organismos de derechos humanos que respaldaron la iniciativa lo hicieron sólo después de que el proyecto de ley del Ejecutivo consignara que ese feriado no se correría nunca de fecha precisamente para que funcione de ahí en más, siempre, como un recordatorio. Dicen quienes hoy lo impugnan que lo que hay que promover es la reflexión y la memoria cívica. Habrá que esperar hasta el lunes, pero la reflexión, la memoria, los debates, las proyecciones, las charlas y los talleres, sumados a las movilizaciones, indicarán este 24 de marzo, como todos, que es entendido así por millones de argentinos.
El primer 24 de marzo feriado cayó en viernes, de modo que aquel azar también fue utilizado entonces como argumento falaz. Ese día de 2006, en el Colegio Militar, el presidente Kirchner pronunció un discurso que vale la pena recordar, porque en su recorrido uno se encuentra no sólo con la lectura del pasado reciente que avaló que fuera feriado, sino sobre todo con la perspectiva histórica y política que, acompañando esa iniciativa, terminó con el Punto Final y respaldó el inicio de los juicios por delitos de lesa humanidad, gracias a los cuales lo que hoy ya es cosa juzgada (es decir, previamente investigada, procesada y condenada) refrenda aquella lectura: ya nadie puede sostener que en la Argentina no hubo un genocidio; sostener eso es ir contra una verdad no sólo histórica, sino también jurídica.
Aquel viernes de 2006, en el Colegio Militar estaban sentadas en primera fila las Madres y las Abuelas, a las que el presidente saludó. Todavía aquélla era una escena extraña, desconcertante, las Madres y las Abuelas mezcladas en el verde oliva. Y aunque todavía los juicios eran incipientes, Kirchner habló sobre lo que ya se sabía, eso con lo que esta democracia convivía, y que había salido a la luz en el Juicio a las Juntas impulsado durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Dijo: “En el Juicio a las Juntas, en la causa 13.984 caratulada como ‘Jorge Rafael Videla y otros’, quedó suficientemente probado que a partir de ese día se instrumentó un plan sistemático de imposición del terror y la eliminación física de miles de ciudadanos sometidos a secuestros, torturas, detenciones clandestinas y toda clase de vejámenes. En este mismo Colegio Militar fueron secuestrados cadetes que luchaban por la vida y la democracia. Por eso nunca más el terrorismo de Estado, hasta acá llegó”.
Recordó que pocos días antes, el 15, el Congreso había declarado el 24 de marzo como uno de los feriados nacionales inamovibles, y reafirmó que cada año, el espíritu del feriado sería el de una jornada “de duelo y homenaje a las víctimas, y también para una reflexión crítica sobre la gran tragedia argentina que se abrió un día como hoy en 1976, con el golpe militar que fue el camino y el instrumento del terrorismo de Estado, la más cruenta de las experiencias antidemocráticas que nuestra Patria ha padecido”.
En ese discurso cuyo auditorio físico eran en su mayoría los miembros de las Fuerzas Armadas –fue transmitido en cadena nacional–, Kirchner avanzó mucho más en su caracterización de los golpes militares del siglo XX. Habían sido protagonizados por militares, pero no habían sido militares sus instigadores ni sus más grandes beneficiarios. Habló de los “poderosos intereses económicos” sin posibilidad de representación política que siempre se movieron atrás de los golpes militares. Releer esa caracterización pronunciada en 2006 hace inevitable la asociación con el presente argentino y regional. “Nunca toleraron el principio rector de la soberanía popular. Había algunos que hasta decían que Videla era un general democrático, y que ésa era la transición que necesitábamos. Esa soberanía popular es la base irrenunciable de la institucionalidad republicana democrática”, dijo.
Ese “conglomerado económico, cultural, social y político” que se agazapó durante décadas atrás del poder militar, y que hoy late ya bastante desencriptado bajo la denominación de “círculo rojo”, generó las condiciones para la eliminación sistemática de los opositores políticos al modelo de país que imponía. Pero el terror no tenía por objetivo sólo a las víctimas directas. “Se buscó una sociedad fraccionada, inmóvil, obediente, por eso trataron de quebrarla y vaciarla de todo aquello que la inquietaba, anulando su vitalidad y su dinámica. Sólo así podían imponer un proyecto político y económico que reemplazara al proceso de industrialización sustitutivo de importaciones por un nuevo modelo de valorización financiera y ajuste estructural, con disminución del rol del Estado, endeudamiento externo con fuga de capitales y, sobre todo, con un disciplinamiento social que permitiera establecer un orden que el sistema democrático no les garantizaba”. A aquel modelo, en ese discurso, Néstor Kirchner le puso nombre: “Ese modelo económico y social tuvo un cerebro, tuvo un nombre, que los argentinos no debemos borrar de nuestra memoria: se llama José Alfredo Martínez de Hoz”.
Lo que dijo Kirchner en 2006 lo había dejado claro, en sus antípodas pero con conocimiento de causa, el banquero David Rockefeller, en una entrevista publicada en la revista Gente en abril de 1978. Dijo: “Siento respeto y admiración por Martínez de Hoz. Pocos como él tuvieron la valentía de informar a Estados Unidos que el problema de la Argentina anterior a su gestión radicaba en la promoción de una excesiva intervención estatal en la economía”. Solamente hay que trazar algunas líneas paralelas.
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