Condena condicional de tres años e inhabilitación para ejercer la profesión por dos fue el fallo que saldó el juicio por la muerte de Humberto “Sapito” Ruiz. Pese a la disconformidad de los familiares de Sapito y, obviamente, de las médicas del SAME, Eva Celia Rodríguez y Marcela Susana Tela, acusadas de abandono de persona seguida de muerte, el fallo es histórico en el sentido de que es la primera vez que en la Ciudad se condena a médicos por discriminar la atención de la salud por tratarse de una villa. El fallo además se enfrentó a una suerte de presión corporativa, para llamarla de alguna manera: a diferencia del resto de las audiencias, la sala estuvo poblada de médicos, muchos de ellos vistiendo sus delantales blancos, y al finalizar el juicio se escucharon gritos y reclamos, no contra la jueza María Elena Diotti ni contra la familia de Sapito, sino contra las autoridades del SAME y del gobierno porteño. “¡Les soltaron la mano!”, gritaron varios como síntesis de lo que pensaban, tal como lo había señalado este cronista en la primera audiencia.

La Sala 6 de los tribunales de la Justicia porteña ayer no mostraba el mismo aspecto que a lo largo de los pocos días de audiencias por el caso de Sapito Ruiz. El día de inicio del juicio apenas una decena de personas acompañaba a las dos acusadas, las médicas Rodríguez y Tela. Ayer, casi un centenar de médicos pobló la sala. Y no llegaron con la intención de pasar desapercibidos: muchos de ellos ostentaban sus guardapolvos blancos como símbolo del “aquí estamos”,

Durante la mañana se desarrollaron los alegatos. La fiscal Daniela Dupuy pidió cinco años de prisión a cada una de las acusadas y siete de inhabilitación. La querella, representada por el abogado Sergio Larrosa, pidió siete de prisión y diez de inhabilitación. Por su parte, el abogado de la defensa, Vadim Mischanchuk, que si bien actuó como defensor particular es el abogado de la Asociación de Médicos Municipales, pidió la nulidad del juicio y, por si acaso, la absolución de sus dos defendidas. Tal como había anticipado este diario en la primera audiencia, Mischanchuk estaba dispuesto a demostrar que si la ley 1883 de la Ciudad, que rige las emergencias médicas, permite que en caso de riesgo para sí sea legal eludir la atención, entrar en una villa a atender a un paciente sería lo mismo que inmolarse. No habló sobre el ofrecimiento de custodia policial que desacomodaba el discurso. Su alegato consistió en acusar políticamente hacia arriba las responsabilidades del SAME de no haber resuelto situaciones de emergencia y que las dos médicas eran, para el caso, las patas de la boda. En términos penales, con los testimonios de los policías que declararon haber ofrecido custodia, oferta que les fue rechazada, el audio de los choferes denigrando a los “negros villeros”, las declaraciones de los familiares y vecinos que intentaron salvar a Sapito trasladándolo sobre una puerta a la manera de camilla hacia la ambulancia que ya se había ido, el testimonio político al estilo de un caso Dreyfus sonaba, como mínimo, azaroso y de escasas expectativas de éxito.

Después del cuarto intermedio, se leyó el fallo. La jueza Diotti consideró probado que no había motivos para no asistir a Sapito, y con un solo dato de la realidad echó por tierra los argumentos de la defensa: ese día nadie presentó ninguna denuncia por agresiones contra médicos del SAME en la Villa 31. En esencia, consideró que “las imputadas faltaron a su deber por sus prejuicios discriminatorios y, por eso, cometieron un delito”. Finalmente condenó a ambas médicas a tres años en forma condicional, a dos de inhabilitación profesional y otros dos de actividades en comedores comunitarios.

“Sirvió un poco para que no vuelva a pasar”, dijo Patricia Luna, cuñada de Ruiz, a este diario. “Me quisieron tapar la boca con 140 mil pesos antes de empezar el juicio, por eso esperaba que hubiera una condena. Ojalá que sirva para no pase de nuevo”. Tanto la querella como la defensa apelarán el fallo.

Sapito Ruiz murió el 5 de abril de 2011, en medio de convulsiones epilépticas que tuvo durante toda una mañana, luego de que sus familiares pidieran repetidas veces auxilio al SAME. La médica Eva Rodríguez llegó con una ambulancia hasta la seccional 46, pero no entró a la villa sino que esperó que el paciente, a 20 cuadras de allí, se presentara ante la ambulancia. Como no lo hizo, se retiró. La médica Marcela Tela aguardó con la ambulancia a unos 150 metros de la casilla, pero fuera de la villa junto a un policía que ofreció acompañarla. Se negó a entrar y se retiró. Al día siguiente, los vecinos cortaron la autopista Illia en protesta por la discriminación. Mientras todos los medios cubrían los efectos del corte, este cronista recorría a pie y sin custodia los pasillos por los que debería haber pasado el SAME con la custodia policial ofrecida. Después del juicio quedó demostrado que el miedo a la inseguridad tiene efectos más allá de la inseguridad misma y que la inseguridad no está siempre donde se dice que está.