La Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) intimó a Movistar, Personal y Claro a retrotraer un aumento aplicado en febrero al momento de entrar en vigencia el fraccionamiento por segundo y a devolverle a los usuarios los importes mal cobrados. Por otro lado, la Secretaría de Comunicaciones (Secom) junto a la Secretaría de Comercio están evaluando la estructura de costos de las compañías de telefonía celular para determinar si corresponde aplicar alguna modificación en los precios de sus planes. Es decir que hasta el momento no ha sido convalidado ningún aumento, a pesar de que las compañías lo hayan anunciado a través de distintos medios de comunicación. En el Gobierno aseguran que no respetaron la resolución que establece que cualquier aumento debe ser comunicado sesenta días antes.

“Si efectivamente las empresas aplicaron aumentos en los servicios prepagos, deberemos hablar con ellas. Las telefónicas se comprometieron a minimizar cualquier impacto en este servicio. Es llamativo que en el medio de un intercambio de información entre la secretaría y las compañías, cuando estamos estudiando su estructura de costos, con ciertas evasivas por parte de alguna de ellas, anuncien aumentos. Sería bueno que la ciudadanía haga las denuncias para que podamos detectar cada caso”, sostuvo a Página/12 el secretario de Comunicaciones, Norberto Berner.

Las empresas de celulares solían aplicar una política de “hechos consumados”: aplicaban aumentos en sus abonos para después negociar con las autoridades nacionales. Esa es una lógica que se intenta modificar. Hace diez días, el Ejecutivo le envió a Movistar, Personal y Claro un cuestionario para determinar cómo construyen sus precios, sus costos, cómo justifican el impacto en los usuarios de posibles aumentos y cómo garantizarán las inversiones para mejorar el estado de servicio de la red. Las empresas mostraron cierta reticencia al envío de información. La Secom y Comercio otorgaron una prórroga que vencía ayer, justamente el día en que salieron publicados en el diario Clarín los aumentos que pensaban aplicar, cuando todavía estaban intercambiando información con las autoridades nacionales. Según informó a este diario Movistar, “en prepago el aumento promedio es del 12 por ciento, y sólo en un plan, el impacto máximo fue del 18 por ciento sobre el precio del SMS”.

El servicio prepago es utilizado para tener un control de los gastos, generalmente por los sectores de menores ingresos. La empresa aclaró que el año pasado no tocó el valor de los prepagos; sin embargo, el precio que se paga bajo esta modalidad suele ser mucho más caro que los abonos pospagos, consumidos por los sectores de mayores ingresos. Más allá de la aclaración que realizó la empresa, que en 2013 no aumentaron los precios, todas las compañías se habían comprometido ante la Secom a morigerar cualquier suba en los servicios prepagos.

Telefónica, dueña de Movistar, fue la única que presentó algún tipo de información ante la Secom, que de todas maneras resultó insuficiente para la convalidación de algún incremento en los precios. Personal y Claro no presentaron nada. La Resolución 26/13 obliga a los prestadores a comunicar con 60 días de anticipación cualquier cambio en sus abonos. Berner explicó a Página/12 que desde la Secom vienen aplicando el nuevo reglamento de calidad, con las mediciones correspondientes a la calidad de servicio. El funcionario estimó que dentro de un mes tendrán la evaluación y comparación de la calidad de servicio de cada una de las empresas. En función de ese resultado podrían aplicar algunas sanciones, como la prohibición de vender nuevas líneas, por un tiempo acotado, en aquellos lugares donde peor funcione la red.

Las empresas suelen responder que sus dificultades se deben o a la falta de espectro o a las prohibiciones de municipios para instalar más antenas. Para la Secom no es un problema de espectro, sino dificultades concretas en la gestión de la red. Si fuera un problema de espectro o de antenas, no se explicaría –razonan en la Secom– que un usuario pueda hablar perfectamente en una esquina pero si se mueve diez cuadras la comunicación sea imposible. “Con estas mediciones queremos garantizar los derechos de los usuarios”, aseveró Berner.

Las empresas tomaron nota de este mayor control. Por ejemplo, la Secom encontró que Personal había subejecutado, durante los últimos dos años, su presupuesto de inversiones en la red. Ante la aplicación del nuevo reglamente de calidad, frenaron la subejecución. Otra de las mediciones ya auditadas por la Secom tiene que ver con la calidad en la atención de los clientes frente al reclamos de sus usuarios. Movistar fue la que peor resultado obtuvo, seguida por Claro y luego Personal. “La calidad del servicio no es lo suficientemente buena para que aumenten los precios de la telefonía móvil”, concluyó Berner.

Si bien el Estado está aplicando una batería de instrumentos para controlar a estas compañías, crecen los reclamos para declarar a la telefonía móvil como un servicio público. Una de las iniciativas que tiene estado parlamentario desde hace más de dos años fue presentada por Rubén Giustiniani (PS), donde propone que las tarifas no puedan ajustarse de manera automática y que ante cualquier cambio, debería realizarse una audiencia pública. Si bien ya existe una resolución de la CNC que obliga a las empresas comunicar los cambios con 60 días de anticipación, “una ley podría darle mayor protección al Estado”, sostiene el proyecto.