“¡No! ¡No puede ser! Esto es una afrenta para una familia a la que la policía le quitó un hijo; una afrenta para la familia y para todos nosotros.” Tal fue la reacción que tuvo Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza, cuando conoció –-a través de Página/12– la noticia de que se levantó la sanción que pesaba sobre los ocho policías sospechados de tener responsabilidad en la desaparición de Luciano Arruga, en enero de 2009. La medida administrativa que beneficia a los ocho agentes de la Policía Bonaerense fue tomada por el ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, quien justificó la decisión en un fallo de la Justicia en lo Contencioso Administrativo de La Plata, que hizo lugar al recurso de amparo presentado por uno de los policías. La defensa del agente argumentó que ya había caducado el plazo legal, establecido en la ley policial 4794, para la aplicación del “pase a disponibilidad preventiva” que pesaba sobre ellos. La medida restrictiva había sido dispuesta en febrero de 2013 por el ex ministro de Seguridad Ricardo Casal. Al levantarse la sanción, los policías podrán volver a usar el uniforme y portar el arma reglamentaria, entre otras cosas.

“Esto es escandaloso y es consecuencia de una política que lleva cinco años en todos los casos de violencia policial, pero sobre todo en el caso Arruga. La Justicia hizo lugar al recurso de amparo de los policías, pero eso fue posible porque Asuntos Internos no hizo nada para colaborar con la Justicia en la investigación de la de-saparición de Luciano”, le dijo a este diario Maximiliano Medina, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Nunca se avanzó en los sumarios abiertos contra los policías. Y es una política que empezó en el gobierno bonaerense durante la gestión de los ex ministros de Seguridad (Carlos) Stornelli y (Ricardo) Casal y que sigue adelante con Granados.”

Medina insistió en que “el problema central es que el gobierno bonaerense no colabora en absoluto con la Justicia cuando se investiga a policías. En 2009, Stornelli había pasado a disponibilidad a los ocho policías, pero luego la medida se levantó. Recién en febrero de 2013 volvió a ser aplicada, esta vez por Casal, luego de que la causa pasara a la Justicia Federal, pero ahora vuelven a lo mismo y todo forma parte de una política que garantiza la impunidad de los policías bonaerenses”.

Por su parte, Pablo Pimentel sostuvo que “es una barbaridad lo que hizo Granados. Hace dos años, cuando nos reunimos con el gobernador (Daniel) Scioli, le habíamos pedido que sacara del servicio activo a los ocho policías porque se había avanzado en la causa en lo que respecta a los ocho policías, que son quienes estaban de guardia” en el Destacamento de Lomas del Mirador donde fue visto por última vez Luciano Arruga.

El dirigente de la APDH de La Matanza, que viene acompañando en sus reclamos de justicia a la familia Arruga, recalcó que “lo que hizo Granados es una barbaridad y, como le dijimos a Scioli en esa reunión, él como gobernador tenía que tomar medidas concretas para impulsar la investigación del caso porque de lo contrario, él, como mandatario, es también responsable por no haber supervisado lo que hacen funcionarios civiles y policiales que están bajo su mando”.

Los policías beneficiados con la medida adoptada por el gobierno provincial son los subcomisarios Néstor Díaz y Ariel Herrera; los subtenientes Oscar Fecter y Daniel Alberto Vázquez, y los oficiales Martín Monte, Damián Sotelo, José Márquez y Hernán Zeliz, quienes ahora vuelven al servicio activo y además de recuperar su condición de policías, con uniforme, arma reglamentaria y destino, volverán a cobrar la totalidad del sueldo, dado que cuando se les dicta el pase a “disponibilidad preventiva” sólo perciben el 50 por ciento de los haberes. Todos los uniformados se desempeñaban en el destacamento de Lomas del Mirador cuando se produjo la desaparición de Luciano Arruga.

El juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Francisco Terrier, hizo lugar al recurso de amparo presentado por la defensa del subcomisario Ariel Herrera y dispuso el cese de la sanción que pesaba sobre uno de los policías. En su resolución, el juez aclaró que la orden dispuesta “no implica abrir juicio acerca de la fundabilidad de la petición a decidir ni sobre el contenido de la resolución administrativa que deba adoptarse”.

Aunque la medida judicial sólo estaba dirigida al caso de Herrera y no obligaba al Ministerio de Seguridad a reintegrarlos a todos en el cargo que tenían antes de la sanción. Granados dispuso el cese de la disponibilidad preventiva mediante la resolución 359.

Luciano Arruga fue visto por última vez el 31 de enero de 2009 en la sede policial de Lomas del Mirador. Desde principios del año pasado, la causa está caratulada como “desaparición forzada de persona”.