El presidente Bush aplaudió la aprobación por el Senado de la llamada Military Comission Act de 2006 (MCA), ley que sancionó el Parlamento estadounidense el 28 de septiembre. Está dirigida a reprimir a los “combatientes enemigos ilegales” en cualquier parte del mundo, incluido EE.UU., y la definición de esa categoría es ciertamente amplia. Tan amplia que confiere a la Casa Blanca y al Pentágono un poder omnímodo, viola la Constitución del país y fallos de su Corte Suprema de Justicia, deroga por voluntad propia los pactos de Ginebra y numerosas convenciones internacionales. Un primor, vaya.

“El término de ‘combatiente enemigo ilegal’ –propina el articulado– significa: i) una persona que ha emprendido hostilidades o que ha apoyado deliberada y materialmente hostilidades contra Estados Unidos y sus cobeligerantes (sic) que no es un combatiente enemigo legal (incluyendo a la persona que forma parte de los talibanes, Al Qaida o fuerzas asociadas); o ii) una persona que antes, durante o después de la promulgación de la MCA de 2006 ha sido considerada un enemigo combatiente ilegal por un Tribunal Examinador del Estatuto de Combatiente o por otro tribunal competente establecido bajo la autoridad del presidente o del secretario de Defensa” (frwebgatw.access.gpo.gov). No dice “terrorista” o “extranjero”, aunque señala a talibanes y miembros de Al Qaida: dice “persona”. Cualquier persona, incluso de nacionalidad estadounidense. Hasta el senador republicano Arlen Specter se escandalizó: en el debate parlamentario, opinó que la ley retrotrae el concepto de democracia a ocho siglos atrás porque niega el recurso de hábeas corpus que la Carta Magna estableció en el año 1215. Pero hizo la venia y la votó (The Christian Science Monitor, 2-10-06).

W. Bush ha dado un atisbo del alcance de esa definición. En su discurso ante la Asociación de Oficiales de Reserva, aseveró que quienes “citan activamente” el documento en el que 16 organismos de espionaje norteamericanos afirman que la guerra contra Irak debilita la seguridad de EE.UU. (véase Página/12, 28-9-06) “han comprado la propaganda enemiga de que los terroristas nos atacan porque los estamos provocando” (AP, 29-9-06). Esto implica que estarían al borde de la traición los nacionales estadounidenses que critican la guerra y se oponen a la legalización de la tortura, incluyendo a los representantes demócratas que votaron contra la MCA. Lo cierto es que cualquier persona, es decir, un sospechado de actividades terroristas, puede ser detenido y torturado en cualquier punto del globo –como ya hizo la CIA– sin derecho a juicio y puede permanecer –como sucede ya en Guantánamo– largos años en prisión sin que su culpabilidad se pruebe. Basta de Pactos de Ginebra: su artículo tercero común establece, entre otras cosas, que un detenido debe recibir un trato humano “en cualquier circunstancia”, no debe ser objeto de “torturas ni tratos crueles ni ultrajes a su dignidad” y tiene derecho a un juicio justo con todas las garantías “reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados”. Para la Casa Blanca, la civilización se detuvo en el siglo XIII.

En el discurso mencionado, W. Bush –temeroso por el resultado de las próximas elecciones que el Partido Republicano podría perder– volvió a machacar el argumento de que la invasión a Irak ha fortalecido la seguridad de EE.UU. y también, desde luego, la MCA: “Luchar contra el terrorismo no crea terrorismo. Si alguna vez esa postura es adoptada por quienes toman las decisiones políticas en Washington, significará que hemos vuelto a los viejos días de esperar ser atacados para responder”. No es lo que opina la comunidad de inteligencia del país. Tampoco la mayoría de los ciudadanos norteamericanos: una encuesta que la CNN realizó del 29 de septiembre al 2 de octubre registró que el 57 por ciento de los interrogados piensa que la guerra ha tornado a EE.UU. más vulnerable al terrorismo. El 58 por ciento declaró que el gobierno ha engañado a la opinión pública acerca de la marcha de la guerra. El 66 por ciento desaprobó la forma en que Bush la lleva a cabo (CNN, 3-10-06). La proporción de potenciales “combatientes enemigos ilegales” es verdaderamente alta en EE.UU.

Cabe imaginar quién entrará en la categoría según las calificaciones del Pentágono. Tribunales militares juzgarán eventualmente a los sospechosos de terrorismo y esto “constituirá la transformación más radical, peligrosa y desdichada del sistema de justicia penal estadounidense desde el nacimiento de nuestra nación”, señaló Jacob G. Hornberger, presidente de la fundación El Futuro de la Libertad (www.fff.org, 9-06). No es probable que lo escuchen. La burbuja que envuelve a la Casa Blanca es de acero, no de espuma de jabón.