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La hija adolescente de uno de los presos octogenarios de la FIFA, Eugenio Figueredo (foto), le dijo a su padrino –un ex dirigente de la Conmebol–, cuando se enteró de la detención: “¿Mi papá está en cana? El que debería estarlo es Blatter”. La anécdota remite a otras anécdotas, en un sinfín de historias donde desfilan prófugos, acusaciones, sospechas de enriquecimiento ilícito, coimas y un futuro incierto para la organización del fútbol mundial. La investigación judicial en Estados Unidos va dejando preguntas abiertas que se multiplican a medida que pasan los días.

Guillermo Tofoni, agente de partidos internacionales, dice con el conocimiento que le da negociar con dirigentes y empresarios: “En los títulos periodísticos, la corrupción quedó asociada a los mundiales de Rusia y Qatar, pero en los hechos, los encarcelados cayeron por la Copa América”. La reflexión conduce a otras preguntas sobre la oportunidad y el lugar de las detenciones. ¿Por qué se hicieron dos días antes del Congreso que reeligió a Blatter? ¿Por qué en Suiza? ¿Por qué no en Miami, donde tiene su sede la Concacaf? ¿Por qué tampoco en Luque, Paraguay, donde está el suntuoso palacio de la Conmebol? ¿Por qué? Si los catorce imputados pertenecían a esas dos confederaciones, incluido el inglés Costas Takkas, que asesoraba al presidente de la primera: Jeffrey Webb. Es obvio que también integraban comisiones de la FIFA, pero los delitos que se les imputan los habrían cometido a través de bancos en Estados Unidos y no en Europa.

“Esto es política internacional de alto vuelo”, comenta el propio Tofoni, quien tuvo que postergar el clásico Boca-River que organizaba para pasado mañana en Córdoba por el paro nacional. Página/12 entrevistó a varias fuentes sobre el escándalo en la FIFA, pero la mayoría tomó la distancia del anonimato porque el caso parece que contagiara lepra.

Si existe una entidad del fútbol mundial que huele mal, y que en América del Sur puede ponerse en el ranking de corrupción a la altura de la FIFA, es la Conmebol. Su sede ubicada en la ciudad de Luque tiene inmunidad diplomática –como si se tratara de una embajada– desde 1997. Se la otorgó el gobierno de Juan Carlos Wasmosy.

En 2012, su ex presidente Nicolás Leoz, le decía al diario Olé: “Y en el ’98 inauguramos la sede, que es la única en el mundo que tiene inmunidad y privilegios totales. No puede ser registrada sin que sea derogada la Ley 1070, aprobada por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y el Poder Ejecutivo”. Ahí podría encontrarse una apreciable cantidad de pruebas para saber más de las coimas multimillonarias. Por ahora no es posible. La Cámara de Diputados paraguaya derogó la norma, pero falta el voto de los senadores. El presidente Horacio Cartés, ex presidente del Club Libertad, también pidió su revocación.

Desde la Argentina, la diputada nacional del PRO, Cornelia Schmidt Liermann, la criticó: “La ley de inmunidad demuestra que lo único que se quería era tapar negocios turbios”. Además presentó un proyecto para que en la Cumbre de la Celac y la UE, a realizarse el 10 y 11 de junio en Bruselas, se pida al Poder Ejecutivo que solicite al gobierno de Asunción la derogación.

“Yo padecí la inmunidad de la Conmebol. Nunca respondía a ningún pedido, jamás salía una información de ahí”, le confió a este cronista un abogado de la AFA. Peor le fue a la familia del técnico uruguayo Luis Cubilla, tras ganarle un juicio por haberes atrasados a Olimpia, uno de los clubes grandes de Paraguay. El periodista Juan Lezcano, del diario ABC Color, escribió sobre aquel episodio: “El letrado (de los Cubilla) explicó que se desoyó el embargo y que la Conmebol prácticamente se declaró incompetente para cumplir la orden judicial. Aquella oportunidad el abogado explicó que la ley 1.070/97 además de la inmunidad de su sede, otorgaba a la matriz del fútbol sudamericano inmunidad sobre los fondos que maneja”.

En su artículo segundo, la norma que ahora tiene las horas contadas, dice: “Extiéndase la prerrogativa de la inviolabilidad de su local a sus bienes, archivos, documentos y papeles existentes en el mismo”.

En la Conmebol pasaron por el puesto clave de secretario general dos argentinos en los últimos 27 años: Eduardo Deluca, quien se alejó en 2011 tras permanecer 23 en el cargo y José Luis Meiszner, su sucesor hasta hoy. Al primero ya lo investigaron a fondo la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la Unidad de Información Financiera (UIF). En Estados Unidos, para el juzgado federal de Nueva York que tramita la extradición de los siete detenidos en Suiza, sería el coconspirador 8 del largo informe que presentó la fiscal Loretta Lynch. Deluca se retiró como dirigente de fútbol después de que el empresario Carlos Avila y América 2 le hicieran una cámara oculta junto al ex presidente de la AFA. Grondona lo acusó de haber sido partícipe necesario en la grabación y quedaron enemistados. Otro investigado es Andrés Castelli, ex director regional de la FIFA. Se le atribuye junto a Deluca la tenencia de una cuenta en la que se depositaron 1.200.000 dólares que ahora están bajo sospecha. La causa que los involucra se inició en octubre del año pasado y está a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

De la FIFA a la Conmebol y de ésta a la AFA, las derivaciones judiciales del escándalo en el fútbol van produciendo un efecto dominó. El lunes pasado, la jueza María Servini de Cubría le exigió a la AFA la entrega de todos los contratos que firmó desde 2009 con la productora Torneos y Competencias y la empresa Santa Mónica que comercializa la imagen de la Selección Nacional. Es en el marco de la denuncia que realizó la diputada porteña Graciela Ocaña contra el Fútbol para Todos. La legisladora le pidió también al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, que “disponga de las medidas jurídicas y administrativas a fin de suspender a la empresa Torneos y Competencias S.A.” como productora del fútbol de Ascenso (B Nacional) y los partidos de la Selección Nacional para el exterior.

Los derechos que controla TyC, y cuyo responsable Alejandro Burzaco ya no puede manejar porque está prófugo, exceden el territorio nacional. Heredero también de los que administraba el Traffic Group, con sede en San Pablo, Brasil, para la Copa América, se asoció con Hugo y Mariano Jinkis en Datisa, la compañía desde la que según la Justicia de EE.UU. se pagaron las coimas. Los tres arreglaron esa sociedad con el brasileño José Hawilla después de desbancarlo. Pero él de alguna manera se vengó del trío. Le habían arrebatado en abril de 2010 los contratos millonarios de la Copa América que mantuvo durante veinte años y terminó confesando que los cuatro pagaban retornos para que le redujeran la pena en EE.UU.

Dos de los personajes de esta saga de corrupción tienen algo en común. Hawilla y Figueredo, uno libre y bajo proceso en Estados Unidos; el otro detenido en el cantón de Zurich en una celda de 12 metros cuadrados; el brasileño confeso de dar coimas y el uruguayo acusado en su país por recibirlas, trabajaron en el pasado como periodistas deportivos. Está claro que se hicieron millonarios después de que abandonaran el oficio. Hawilla como empresario de medios y del fútbol (tiene tres clubes, uno en Estados Unidos, el Miami FC) y Figueredo como dirigente deportivo, sobre todo tras su paso por esa cueva de Alí Babá llamada Conmebol.

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