El fiscal Gerardo Pollicita pidió que se abra un sumario penal para investigar a los empresarios Alejandro Burzaco y Hugo Jinkis y su hijo Mariano, por el presunto delito de lavado de activos, informaron ayer fuentes judiciales. Esa y otras medidas, entre ellas una inhibición general de bienes, fueron requeridas al juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la denuncia promovida por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Para el fiscal, los imputados, mediante el presunto pago de sobornos a autoridades de la FIFA, “habrían obtenido los derechos económicos exclusivos de diversos eventos futbolísticos en los que participó el seleccionado argentino de fútbol, desde al año 1991 hasta la actualidad”.

Burzaco, de Torneos y Competencias (TyC) y los Jinkis, presidente y vice (padre e hijo, respectivamente) de Full Play International Television SA. también aparecen implicados en una causa en el exterior por supuestos ilícitos relacionados con el pago de sobornos a la FIFA para la transmisión de partidos de fútbol.

Entre las medidas de prueba sugeridas, el fiscal requirió, además, que se obtengan copias de la causa en la que el juez federal Claudio Bonadio tramita un pedido de extradición de los Jinkis por parte de los tribunales de Estados Unidos, donde se investiga los supuestos sobornos a la FIFA.

En ese expediente Bonadio concedió la excarcelación de los empresarios, mientras prosigue el trámite del exhorto internacional.

Para Pollicita, los Jinkis y Burzaco son, en principio, “responsables de los hechos denunciados”, por la Unidad de Información Financiera (UIF) de Jorge Sbattella, llevados a la justicia por el fiscal Néstor García Paradiso del área Delitos contra la Administración Pública de la Procelac.

Los Jinkis y Burzaco, según el fiscal, “habrían obtenido los derechos económicos exclusivos de diversos eventos futbolísticos en los que participó el seleccionado argentino de fútbol, desde al año 1991 hasta la actualidad, mediante el pago de sobornos a las autoridades/dirigentes de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol)”. Agregó que el pago de sobornos “les habría permitido colocarse en una situación de privilegio especial para en un marco de una negociación dispar y abusiva transferir los mismos a cambio de sumas de dinero exorbitante al Estado Nacional en perjuicio del patrimonio público”.

Pollicita pidió también que la Jefatura de Gabinete que informe sobre supuestos contratos y pagos sobre televisación del fútbol y los “antecedentes administrativos” que se tuvieron en cuenta para decidir la firma de esos convenios. El pedido de pruebas incluye un oficio a la AFIP para que informe sobre los antecedentes impositivos y fiscales de los denunciados.