Si Julio Grondona asegura que no hay motivos para parar el fútbol, la provincia de Buenos Aires podría no necesitarlos para tomar una medida que desembocaría, tarde o temprano, en esa posibilidad latente. A instancias de sus asesores en el tema, el gobernador Felipe Solá analizaría decidir la suspensión de los servicios de seguridad deportiva en los estadios de su jurisdicción en los que se disputen partidos de fútbol.

Esa medida implicaría la automática suspensión de los encuentros programados para disputarse en canchas bonaerenses. Con ocho de los veinte equipos de Primera radicados en la provincia, una medida como ésa afectaría sin duda la marcha ya de por sí irregular del torneo Apertura. Para la 16ª fecha, que debe jugarse este fin de semana, hay programados cuatro partidos en estadios de la provincia.

La posibilidad surgió durante una reunión entre Solá, el titular del Comité Provincial de Seguridad Deportiva (Coprosede), Mario Gallina; el viceministro de Seguridad, Martín Arias Duval, y el jefe de la Policía Bonaerense, Daniel Rago. Gallina quedó afectado por la suspensión del clásico de Avellaneda, entre Independiente y Racing, para el cual se había dispuesto un operativo de seguridad que incluía cerca de mil efectivos, después de una semana de intensa campaña para que el partido transcurriera sin incidentes, una campaña en la que, incluso, se involucraron el presidente de Independiente, Julio Comparada, y el gerenciador de Racing, Fernando De Tomaso.

La decisión de negar el servicio de seguridad, en realidad, ya fue adoptada en una ocasión: sucedió cuando el juez Luis Calvente autorizó a los barrabravas de Boca a concurrir al partido Racing-Boca escoltados por la policía para garantizar la seguridad del espectáculo, después de que Racing pidiera aplicar el derecho de admisión; entonces, el ministro de Seguridad de la provincia, León Arslanian, ordenó que no se proporcionara el servicio y el partido se suspendió aduciendo “faltas de garantías de seguridad”.

En este caso, parecería que la decisión (“una herramienta que se reserva la provincia” la catalogaron fuentes oficiales) involucra un mensaje: si el fútbol no puede parar la violencia, las fuerzas de seguridad tampoco pueden hacerlo (cosa que probó la suspensión del clásico) y en ese caso, lo mejor es parar el fútbol, salvo que se encuentre una solución de compromiso. En la misma reunión, Solá se habría comprometido –a pedido de Gallina– a tomar contacto con el presidente de la AFA. “Tiene que haber una sanción muy fuerte de la AFA –insistió ayer el funcionario de la seguridad bonaerense–. Que se quiten puntos, porque hay mucha droga y alcohol en las tribunas y eso nos está matando.”

La decisión política de dejar sin policía al fútbol podría ser el primer indicio de la injerencia a nivel estatal ante la escalada de violencia que sacude al torneo oficial. La semana pasada, Diego Maradona había pedido la “intervención del Estado” para solucionar los dramas. Ayer, además de la reunión del gobernador Solá con Gallina y Rago, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, se refirió al tema: “Hay que usar todo lo que se tenga a mano” para parar la violencia, afirmó, “para que se los saque (a los barrabravas) y cuando el club no colabore tienen que quitarle los puntos”.

También el presidente provisional del Senado, José Pampuro, se ocupó del asunto: “Antes de que se produzca una nueva víctima fatal en un encuentro futbolístico, los dirigentes de los clubes tendrían que replantearse la manera de garantizar la seguridad de todos los espectadores que concurran a sus canchas”, consideró en un comunicado de prensa. “Como en todo espectáculo, los organizadores tienen que hacerse cargo de la seguridad de quienes pagan la entrada. Es una responsabilidad que los dirigentes de fútbol deben asumir plenamente” recordó.

“No me va muy bien, estoy harto –reconoció ayer Gallina–. Ya me tiene cansado, en la tribuna de Racing a los policías no los mataron de suerte. Los baños están destrozados. Mientras observaba las imágenes me agarró un ataque.”