El Congreso tendrá otro tema para entretenerse. El Gobierno enviará a la Comisión bicameral de seguimiento de las privatizaciones el acuerdo que alcanzó con el grupo Marsans, hasta ahora controlante de Aerolíneas Argentinas y Austral, para la transferencia de sus acciones al Estado. “Vamos a requerir, como corresponde, la autorización” parlamentaria para esa operación, anunció ayer el secretario de Transporte, Ricardo Jaime. La primera reacción desde la oposición fue que se pronunciará a favor o en contra del convenio sólo cuando quede perfeccionado, dentro de 60 días. En ese plazo el Ejecutivo negociará con los españoles los términos del traspaso, lo que incluye la determinación de cuánto valen las compañías y cuál es la deuda de Marsans con el Estado.

Jaime indicó que, una vez concretada la transferencia de acciones, el Gobierno trabajará para recuperar la empresa, y después volverá a privatizarla. “La incorporación de capitales privados será el horizonte una vez que se ponga en valor a las compañías”, indicó. La apertura al capital privado se hará “a través de un proceso de licitación nacional e internacional”, insistió. Esa alternativa es resistida por los gremios aeronáuticos, pero como es un tema para más adelante, todavía no alzan la voz. Su primer objetivo es que se efectivice la estatización, para lo cual vienen luchando desde hace años.

Mañana a las seis de la tarde se realizará un acto en el Salón Blanco de Casa Rosada para firmar el acuerdo con Marsans. Lo encabezará Cristina Fernández, acompañada por el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el propio Jaime. En representación de la empresa estarán sus máximos directivos, Gerardo Pascual y Gonzalo Díaz Ferrán. El acto se iba a desarrollar en la sede de Aerolíneas, pero la Presidenta tomó la sugerencia del diputado Ariel Basteiro, ex director en la empresa en representación del Estado, de hacerlo en Casa Rosada con una amplia participación de trabajadores y empresarios del sector turístico. “Espero que la oposición no asuma la posición en el Congreso de oponerse al acuerdo sólo para diferenciarse políticamente”, indicó Basteiro a este diario.

El convenio establece el nombramiento de un gerente general en las empresas designado por el Gobierno. El cargo recayó en Julio Alak, hasta ahora director estatal en Aerolíneas. Durante los próximos dos meses se discutirán los términos concretos de la transferencia. El Estado se hará cargo del pasivo, estimado hoy en 890 millones de dólares, monto que se acrecienta a diario por el déficit operativo. Parte del mismo lo afrontará capitalizando las propias acreencias, cuenta que incluirá el dinero que actualmente está aportando para afrontar gastos corrientes.

Cuando se pasen en limpio aquellas cuentas se sabrá si queda un saldo positivo en la valuación que merezca un pago compensatorio a Marsans por el desprendimiento de sus acciones. Cumplido ese proceso financiero contable, se estaría en condiciones de formalizar el traspaso total de las acciones a manos estatales, con la designación de un directorio público con facultades plenas de gerenciamiento.

En tanto, Jaime aseguró que el Gobierno “cumplirá con los compromisos establecidos” por Aerolíneas con los pasajeros y los proveedores, y subrayó que la intención es que el usuario “no sufra” esta transición. El Gobierno se apuró a intervenir para evitar el estallido de un conflicto gremial que hubiera paralizado los vuelos justo en el inicio de las vacaciones de invierno.

El secretario de Transporte insistió en que “se está trabajando muy fuertemente” en la normalización de los servicios de las compañías, y destacó que en los últimos días “se enviaron fondos para el pago de sueldos, combustibles y repuestos”. Además, anunció que “en las próximas horas habrá dos o tres aviones más en servicio”. “Hay un plan de recuperación de equipos para que se pueda cumplir con toda la programación”, agregó Jaime, quien indicó que “en el caso de vuelos regionales e internacionales se habló con otras empresas para hacer códigos compartidos o transferencia de pasajes”.